Moncloa se escuda en la Justicia para evitar medidas excepcionales

El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional el plan de acción exterior de la Generalitat y amenaza con el Código Penal a los grupos violentos.

Las imágenes de los disturbios diarios en Cataluña, también los de la tarde-noche de ayer frente a la Jefatura de la Policía en Vía Laietana, están minando, en cierto modo, la imagen del Gobierno, ya que parte de la opinión pública percibe que no se está dando una respuesta adecuada a la ola de violencia que recorre las calles de Cataluña. El Ejecutivo, por su parte, predica que la «moderación y la proporcionalidad» son las mejores formas de hacer frente a este desafío, mientras recurre a la Justicia para aplicar su «firmeza» en Cataluña.

Moncloa mantiene el pulso con la Generalitat ante el Tribunal Constitucional. Después de recurrir varias de las resoluciones aprobadas por el Parlament de Cataluña en las últimas semanas, el Consejo de Ministros acordó ayer elevar un conflicto de competencias por el plan de acción exterior y relaciones con la Unión Europea aprobado por la Generalitat en junio. Moncloa considera que el ejecutivo catalán «menoscaba las competencias del Estado en el ámbito de las relaciones internacionales y vulnera el principio de lealtad constitucional». La decisión se toma después de haber invocado al Govern en virtud del artículo 161.2 de la Constitución para que suspendiera el citado plan y tras constatar que la Generalitat dio una respuesta negativa a este requerimiento de competencia que le hizo el Gobierno el 23 de agosto. Por tanto, al persistir la situación de conflicto de competencias, se requiere al TC que declare que Cataluña ha menoscabado y vulnerado estas atribuciones. Más si cabe cuando esta actitud se da en un contexto de «proceso independentista que pretende el desprestigio de España».

Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, compareció ayer dos veces en Moncloa. La primera, tras la reunión del comité de coordinación para trasladar a la opinión pública que «la impunidad no va a existir». Un mensaje similar al que trasmitió el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde Bruselas, donde aseguró que cualquier ilícito que se cometa tendrá su reproche penal. Por su parte, el ministro informó que ya hay un centenar de detenidos por los disturbios, 16 en la jornada del jueves y ocho de ellos se encuentran en prisión provisional por delitos de desórdenes públicos, lesiones y atentado a la autoridad. «En las próximas horas habrá más detenciones», auguró, en alusión a que se estaba procediendo a la identificación de, entre otros, varios de los agresores de perfil fascista que en la noche del jueves atacaron a un manifestante asociado a los CDR. Por la tarde, cuando los incidentes fueron a más, Marlaska lanzó una advertencia al independentismo violento: «Vamos a aplicar el Código Penal con toda contundencia».

El ministro del Interior en funciones restó excepcionalidad al hecho de que grupos extremistas del País Vasco u otras regiones de Europa viajen a Cataluña para sembrar el caos, tal como adelantó ayer este diario, y lo asoció a que estos reductos violentos siempre intentan tener «presencia física» en este tipo de movilizaciones, como en el caso de la cumbre del G7 en Biarritz. En todo caso, Marlaska intentó acotar su capacidad de influencia señalando que «son grupos reducidos los que provocan incidentes en lugares concretos» y llamando a visitar Barcelona con «normalidad» a pesar de que la Sagrada Familia cerrara ayer sus puertas por no ser capaz de garantizar la seguridad.