Ni referéndum, ni reforma de la Constitución

Rajoy responderá en «48 horas» por carta al presidente catalán, como adelantó LA RAZÓN, para advertirle de que la consulta es innegociable

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mueve ficha una vez que se apagan las luces de la «cadena» independentista de la Diada y lo hace con la respuesta a la carta que le envió el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a finales de julio. En esta carta Mas le pedía que pactara la celebración de una consulta por el «derecho a decidir» a la mayor brevedad posible. Desde entonces Rajoy ha mantenido contactos discretos y una reunión privada con el presidente dela Generalitat. Ayer, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó la información de que la respuesta estaba lista e iba a ser «inminente, en las próximas 48 horas». Rajoy no ha valorado todavía los actos independentistas del pasado miércoles ni tampoco el apoyo institucional que brindó la Generalitat. Sí lo han hecho varios de sus ministros con importantes matices en sus posicionamientos, como es el caso de la distancia entre el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el de la vicepresidenta o el del ministro del Interior, Jorge Fernández. En su carta de respuesta, el presidente del Gobierno ratifica su oposición a la reforma de la Constitución, entre otras razones porque no hay un mínimo común denominador para poner en marcha ese delicado proceso, y también ratifica su rechazo a la negociación de cualquier tipo de consulta. No entra, además, dentro de sus competencias, como ya viene insistiendo para devolver la pelota al tejado del líder de CiU. Esta posición la envuelve en argumentos jurídicos, no políticos, y en el gesto de mantener la puerta abierta al diálogo con Mas para hablar de financiación y de todas las demás cuestiones que afectan al crecimiento, al empleo y al bienestar de los catalanes. Ésta es la agenda oficial del Gobierno, en la que no se incluye expresamente la revisión del modelo territorial que ha planteado en estos días Margallo. Si bien, «cada uno lleva sus prioridades», precisó la vicepresidenta, admitiendo así que la agenda del presidente de la Generalitat va por otros derroteros. Aunque se le preguntó en varias ocasiones en su comparecencia tras el Consejo de Ministros por el apoyo o el rechazo del Ejecutivo a la propuesta de Margallo de revisar la organización territorial (competencias, financiación) en beneficio de Cataluña, tal y como exigen los nacionalistas, la respuesta de Sáenz de Santamaría se ajustó al escueto lema de que el Gobierno está dispuesto al diálogo dentro de los límites que marcan la Constitución y las leyes. «Nuestra posición es serena, pero firme», recalcó varias veces ante las dudas que alimenta la falta de información sobre el contenido concreto de las negociaciones con la Generalitat catalana. «La firmeza se demuestra con hechos porque las declaraciones sirven para lo que sirven», respondió a quienes critican al Gobierno por el perfil de su respuesta al desafío soberanista. No obstante, el Gobierno es consciente de que las dudas calan en la opinión pública y también en otras baronías del PP. Como siempre que entran en juego las reivindicaciones nacionalistas la otra parte autonómica se pone en guardia, y esto se acentúa aún más en un escenario doloroso de ajustes y de recortes y en el que ya no hay nada más que repartir, como llegó a defender el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una de las últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En relación a la reforma del modelo de financiación, Moncloa precisó ayer que la ley obliga a hacer balance y revisar el modelo vigente. Pero oficialmente limitó esa reforma con la multilateralidad, es decir, la negociación con todas las comunidades dentro del grupo de trabajo para ello constituido; el respeto al principio de igualdad; y la mejora de la financiación de los servicios públicos. Esta letra no cuadra con la que sostiene la demanda de Mas, ya superada, de un pacto fiscal, bilateral y que le otorgue privilegios al menos de igual a igual con el concierto vasco. En Moncloa sostienen que el principal problema lo tiene Mas, «que sabe que necesita de la ayuda de Madrid para evitar la quiebra financiera y que sabe, además, que la consulta sólo puede materializarla por el camino de la declaración unilateral de independencia, con las consecuencias internacionales y económicas que de esta decisión se derivarían». Pero el Gobierno lidia también con un tablero endemoniado: calmar a Mas sin enfadar a las demás comunidades y sin el apoyo contundente del PSOE, que pide reforma constitucional y coquetea con el «derecho a decidir». De momento, ayer el discurso del Gobierno introdujo una novedad. La vicepresidenta se esforzó en potenciar un mensaje dirigido a los catalanes, no a su élite gobernante. Sáenz de Santamaría insistió en la idea de que el Gobierno de Rajoy es el Gobierno de todos los catalanes, que trabaja para ellos igual que para el resto de las comunidades. «Todo lo que hace este Gobierno es también en favor de los ciudadanos de Cataluña. Nuestra obligación es que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mejores condiciones de bienestar», subrayó. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha solicitado comparecer en el Congreso para informar y dar todos los detalles de la investigación sobre el ataque ultra a un acto de la Generalitat en Madrid. El nuevo Código Penal que prepara Justicia endurecerá las sanciones a este tipo de delitos.