El Supremo obliga a Marlaska a reconocer a los policías y guardias civiles como profesión de riesgo

El Tribunal Supremo ha dado un paso histórico en favor de los policías nacionales. En una sentencia emitida el pasado 21 de mayo de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha obligado al Gobierno a reconocer la profesión de policía nacional como de riesgo, lo que implica el inicio inmediato de la regulación para permitir la jubilación anticipada en condiciones de igualdad con los cuerpos autonómicos y locales.

Esta resolución es fruto del recurso interpuesto por el sindicato Jupol tras el silencio administrativo del Ejecutivo, algo que ha sido celebrado como una victoria judicial sin precedentes por parte de Jupol, Jusapol y la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil. Y es que la sentencia obliga al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, a elaborar una disposición reglamentaria que permita a los policías nacionales acogidos al Régimen General de la Seguridad Social acceder a la jubilación anticipada, tal y como ya sucede con la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral y los cuerpos de Policía Local.

Según detalla el fallo (Recurso 421/2024), el Supremo concluye que la inacción del Gobierno ha vulnerado el derecho a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, y establece la necesidad de aprobar un Real Decreto que equipare los derechos de todos los cuerpos policiales en materia de jubilación. El Tribunal ha recordado que existe base legal suficiente, en especial el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 1698/2011, para justificar esta regulación.

Sentencia "histórica"

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha calificado la sentencia como “una victoria histórica” que repara una injusticia prolongada en el tiempo. “Se pone fin a una discriminación que impedía a los policías nacionales y guardias civiles jubilarse en condiciones dignas, como sí lo hacen sus compañeros en cuerpos autonómicos y locales”, ha afirmado.

Además, Rivero ha defendido la estrategia jurídica seguida por su sindicato frente a la falta de diálogo con el Ejecutivo: “Mientras otros criticaban nuestra vía judicial, Jupol ha luchado por esta causa y hoy vemos los frutos de ese esfuerzo. Esta sentencia nos acerca a la jubilación digna que merecemos”.

El anuncio del Gobierno sobre la elaboración de un nuevo reglamento ha llegado justo antes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo que, según fuentes sindicales, demuestra que el Ejecutivo ha actuado “a la carrera” tras verse obligado por la decisión judicial.

Desde Jucil, su secretario general Ernesto Vilariño ha destacado la importancia de este logro: “La presión judicial conjunta ha dado resultados. Esta sentencia es un hecho histórico para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marlaska y Sánchez no pueden seguir ignorando nuestros derechos”.

Los sindicatos también han denunciado la discriminación salarial y de condiciones laborales que aún persiste. A día de hoy, los policías autonómicos perciben un 20% más de salario, un 61% más en pagas extraordinarias y hasta un 45% más en pensiones de jubilación respecto a los policías nacionales, quienes además no podían acceder a la jubilación anticipada como el resto de cuerpos. “En España no puede haber policías de primera y de segunda”, concluyen desde Jupol que garantizan que seguirán su labor hasta lograr una equiparación real y completa para todos los agentes del Estado.