«Mi obligación como política era poner las urnas en la calle»

La sede de la Audiencia de Barcelona fue ayer el lugar donde declararon la ex vicepresidenta de la Generalitat y ex consejera de Gobernación, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau. Fue por la convocatoria ilegal de la pseudoconsulta independentista del pasado año, y en condición de imputadas, como también el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que declarará mañana.

Ambas declaraciones de las consejeras contaron con el apoyo de buena parte del Gobierno catalán –Mas no pudo estar por problemas de agenda–, de miembros de unas cuantas formaciones –Convergència, ERC, CUP, Unió, Catalunya Si que es Pot– y, especialmente de centenares de personas que se concentraron ante las puertas de la Audiencia.

Ortega, en una breve comparecencia, negó que «desobedeciera» al Tribunal Constitucional (TC) . Añadió que «es mi obligación como catalana y como política escuchar la opinión democrática del pueblo catalán». Criticó la querella, al señalar que «no es bueno criminalizar un acto político, democrático y pacífico».

Asumió la máxima responsabilidad en el dispositivo logístico del 9-N, y aseguró que el TC no concretó nunca el alcance de la suspensión que dictó, alegando que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó que la pseudoconsulta «no tenía ningún efecto jurídico».

Defendió que Rajoy fue el primero en restarle validez jurídica al afirmar que «el 9-N no es un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca y no tiene ningún efecto jurídico», por lo que ha concluido que la querella a los organizadores del 9–N no tiene sentido.

Pese a asumir «la máxima responsabilidad» en la organización del proceso participativo, ha concluido que nada fue ilegal, y lo único que hizo el Gobierno catalán fue impulsar un compromiso de país respondiendo a un mandato del Parlamento y dando voz a los ciudadanos sobre el futuro político de Cataluña, dijo.

«No tengo ninguna conciencia de haber dictado una resolución injusta, de haber cometido ninguna irregularidad económica. Actué con pleno conocimiento, muy responsablemente y siempre con respeto a la legalidad. Estoy perfectamente tranquila», reiteró Ortega.

Irene Rigau

Por su parte, Rigau se desmarcó de la organización del 9-N, y defendió que la consulta fue estrictamente montada por más de 40.000 voluntarios, que también se encargaron de gestionar los centros educativos que acogieron las urnas. Rigau se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía alegando que no entiende que los fiscales del TSJC consideraran en un informe que no había delito en el 9-N y, a los dos días, presentaran la querella por indicación de la Fiscalía General del Estado.

Afirmó que «no alcanza a comprender que esté imputada por obedecer al mandato del Parlamento y escuchar las urnas, y durante su declaración ha insistido en que la consulta alternativa del 9-N fue organizada por voluntarios, a diferencia de la convocada por el Govern y suspendida por el Tribunal Constitucional.