El País Vasco aprueba una ley de Memoria que olvida a las víctimas de ETA y de los republicanos

El Parlamento vasco, con una amplia mayoría -el 90% de los parlamentarios-, ha aprobado este juela Ley de Memoria Histórica y Democrática del País Vasco, que refuerza las acciones de reconocimiento y de memoria de las víctimas del golpe militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. El texto normativo se ha aprobado entre duros reproches de PP, Ciudadanos y Vox, que se han opuesto porque no incluye a las víctimas del bando republicano durante la guerra ni tampoco a las de ETA desde 1968 hasta 1978, años comprendidos en esta normativa.

En un momento en el que varias comunidades debaten la derogación de leyes de Memoria Democrática -ya está en vías de anularse en Cantabria por decisión de PP y Vox-, en el País Vasco el PNV, el PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que suman 68 de los 75 parlamentarios, han dado un sí a la norma después de aceptarse varias enmiendas de estos dos últimos grupos al proyecto original.

El objetivo de la ley es regular las políticas públicas para la Memoria Histórica con el fin de promover la "reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas o de creencia religiosa".

El texto consolida normativamente y amplía el volumen de actuaciones en esta materia desarrolladas hasta el momento y otorga un papel principal a Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, reforzando su trabajo de informes de vulneraciones de derechos humanos, de elaboración de un censo de víctimas mortales o de localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil.

La ley fija, aún sin fecha, un día anual de homenaje a las víctimas de la sublevación militar de 1936.

La creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi y de un Centro Documental, y la elaboración de un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios de la Memoria Histórica son otras de las novedades del documento.

En cuanto al derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, el proyecto prevé estudiar la pertinencia y viabilidad de "indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado" por el Ejecutivo vasco.

Las instituciones públicas vascas prestarán asesoramiento y apoyo a todas las personas que deseen interponer una querella como consecuencia de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo.

El derecho a la justicia abarca la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Se considera contraria a la memoria histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado del 36 y de la dictadura franquista.

El texto legal menciona expresamente elementos como placas, escudos, insignias, inscripciones y toda construcción erigida para rendir honores u homenajear la sublevación militar, la victoria del llamado bando nacional, la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores.

También denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de Estado o al régimen franquista.

La ley establece una serie de infracciones, las muy graves sancionadas con hasta 150.000 euros y por ejemplo, en las graves, con multas de hasta 10.000 euros, figuran la difusión de expresiones ofensivas o vejatorias "contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares", así como "cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo".

CANTABRIA

Mientras, el Gobierno de Cantabria ha aprobado este lunes la elaboración de un proyecto de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma, que data de 2021. Se trata de una medida defendida por Vox y apoyada por el Partido Popular en la Cámara autonómica. PRC y PSOE, que impulsaron esta norma hace casi dos años desde el Ejecutivo, han votado en contra de la iniciativa.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, criticó que la actual ley "omite por completo a una parte de las víctimas". "El dolor no tiene bandos", subrayó. Con la misma idea coincidió Íñigo Fernández, del PP, quien aseguró que la norma del anterior Gobierno PRC-PSOE es "parcial, sectaria, caprichosa" y nació "sin diálogo para enfrentar a los cántabros".

Sin embargo, Díaz abogó por mantener “la localización de las víctimas de la violencia social, política o religiosa” del período entre 1931 y 1945, así como “garantizar el mantenimiento de la documentación histórica” que avalen los hechos ocurridos en esos años.

EXTREMADURA Y CASTILLA Y LEÓN

Al mismo tiempo, en otras comunidades la norma ha seguido caminos parecidos, caso de Extremadura, donde Partido Popular y Vox pactaron en su acuerdo de gobierno la derogación de la ley de Memoria Democrática, o se ha ralentizado, como ocurre en Castilla y León. Aquí ambos partidos acordaron una Ley de Concordia que “sirva a la reconciliación y a la concordia real”. La derogación del Decreto de Memoria Histórica era una de las principales exigencias que Vox había puesto encima de la mesa para sellar su acuerdo con el PP en la región, que se saldó con el anuncio de integración del actual decreto en uno bajo la denominación de «concordia». Sin embargo, los populares han ido dando largas.