El PP ralentiza su normativa sobre Memoria Democrática en Castilla y León

La futura Ley de Concordia acordada entre PP y Vox esta legislatura en Castilla y León avanza despacio. Con la vista puesta en lo que pudiera hacer el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, con una Ley de Memoria Democrática que prometió derogar porque «divide» a la sociedad, la de la Junta castellanoleonesa «está en el horno, cocinándose a fuego lento, como los buenos guisos».

Son palabras del consejero de la Presidencia del Gobierno regional, Luis Miguel González Gago, durante su intervención ayer en las Cortes autonómicas sobre la Ley de Concordia pactada entre PP y Vox que «sirva a la reconciliación y a la concordia real».

Así lo comentó el consejero, preguntado por el Grupo Socialista y Cs, antes de finalizar una comparecencia de más de cuatro horas en la que en principio omitió los plazos o planes de su Consejería con la aprobación de la norma.

En este sentido, González Gago indicó que a ley nacional de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 necesita de un «desarrollo reglamentario» que sería vinculante a esta Ley de Concordia y que «condiciona» el contenido de la que prepara el Ejecutivo autonómico. No obstante, Gago expresó que la intención de su Consejería es «reforzar» la cooperación en Memoria Democrática con distintas administraciones y entidades, informa Efe. «En la actualidad y en un futuro vamos a buscar la reparación del daño causado en un pasado, que es el de todos desde la perspectiva de la sociedad democrática que constituimos», subrayó el consejero. Según Gago, su departamento «continuará reforzando» la cooperación entre las Administraciones, con el Estado y con las entidades locales, así como con otras instituciones que pueden aportar investigación y rigor científico, como las universidades públicas de la región. Como ejemplo, destacó la colaboración con la Universidad de Burgos para la realización del Mapa de Fosas de Víctimas en la Comunidad, cuyo trabajo comenzó en 2021 para fijar el número de este tipo de enterramientos en Castilla y León, y que ha servido como «documento base para dirigir la acción y los recursos de la Administración hacia objetivos concretos». Asimismo, recordó la colaboración con las otras tres universidades públicas de Castilla y León para «elaborar el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática y el Censo de Víctimas de Castilla y León».

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó en su investidura la integración de la norma regional en la nacional con el fin de servir «como elemento de reconciliación y evitar la utilización de la historia para dividir a los españoles».

La derogación del Decreto de Memoria Histórica era una de las principales exigencias que Vox había puesto encima de la mesa para sellar su acuerdo con el PP en la comunidad, que se saldó con el anuncio de integración del actual decreto en uno bajo la denominación de «concordia». Sin embargo, los populares han ido dando largas. El consejero de la Presidencia apuntó ayer que las acciones en materia de Memoria Histórica de Castilla y León nacieron con el Decreto de 2018 y se desarrollan en cumplimiento de la legalidad vigente, es decir, de la Ley de Memoria Democrática, «como no puede ser de otra forma».

Soldados franquistas en una fosa de El Espinar

Vox, mientras, está impulsando declaraciones de Bien de Interés Cultural (BIC) para inmuebles o elementos con valor histórico, hasta un total de 190, la mayoría soportes epigráficos. El más significativo es la Pirámide de los Italianos del Puerto del Escudo, sepultura de combatientes enviados por Mussolini. A petición de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que aboga también por proteger el túmulo levantado en 1939, el socio del PP quiere que se exhume a cientos de soldados franquistas que se hallan todavía en el cementerio de El Espinar (Segovia) para su dignificación.