Pardo de Vera y Herrero se desligan de los presuntos amaños y el juez les prohíbe salir de España

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, han negado cualquier irregularidad en la adjudicación de obras públicas que investiga la Guardia Civil en el marco del caso Koldo. La directiva, que ha prestado declaración hasta en dos ocasiones como testigo, ha rechazado, esta vez como investigada, que hubiera participado en el presunto amaño de adjudicaciones desde el Ministerio de Transportes para beneficiar a las empresas seleccionadas por Santos Cerdán y Koldo García.

Al término de su comparecencia el magistrado les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España. Así lo confirman a LA RAZÓN fuentes presentes en el interrogatorio, las cuáles precisan que las medidas cautelares se han adoptado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En sendos autos dictados tras interrogarles, el magistrado ha justificado su decisión en el hecho de que existen "motivos suficientes para considerarles responsable criminalmente" por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Con todo, los dos investigados -que solo han respondido a las preguntas del juez, fiscal y de su defensa letrada- se han desvinculado de esta presunta organización criminal. En lo que respecta a Pardo de Vera ha descartado su implicación en las adjudicaciones, así como también de todo lo relativo a la contratación de Jesica Rodríguez en dos empresas públicas.

Pardo de Vera niega que diera órdenes sobre Jesica

Sobre este último asunto, Pardo de Vera, ha especificado que, cuando terminó el contrato de Jesica en Ineco, en noviembre de 2020, le planteó al entonces ministro, José Luis Ábalos, que no le parecía "ético" prorrogar el contrato a esta joven, entonces pareja del exdirigente socialista. Con todo, se ha desvinculado su contratación y ha dicho que no dio órdenes a sus subordinados sobre el trato que debía recibir, pese a que un correo desvelado por este medio desvela que se habrían dado órdenes desde la cúpula de Adif para tratar bien a la joven.

Del mismo modo, ha dicho que ella nunca llegó a conocer la segunda contratación de Rodríguez en otra empresa pública, en concreto, en Tragsatec. Se trata de un contrato que se investiga en el caso Koldo toda vez que la expareja de Ábalos estuvo en nómina en ambas mercantiles sin trabajar. Al respecto ha dicho que es "imposible" que diera órdenes de que se le cuidara en Tragsatec dado que ella nunca supo de la existencia de su contrato en la firma tutelada por el Ministerio de Agricultura.

Durante su interrogatorio, en el marco del cual ha declinado responder a las acusaciones populares, ha negado que Koldo García le influyera para adjudicar los contratos investigados. La Unidad Central Operativa (UCO) atribuye a Pardo de Veracuatro adjudicaciones que suman más de 123 millones de euros. Se trata del proyecto para construir un tramo del AVE a Extremadura (valorada en cerca de 38 millones de euros y que fue a parar a la UTE Construcciones Pérez Jiménez S.L y OPR); las obras del tren de Sant Feliu de Llobregat (valoradas en 71,5 millones de euros y que fueron a parar a Acciona); la construcción del AVE en Elche (de 13,2 millones y que se adjudicó a LIC) y una licitación de emergencia para renovar la red de cercanías en Asturias. Esta última se presupuestó en 592.053 euros y también fue a parar al dueño de Levantina.

Conoció a Santos Cerdán siendo ya presidenta de Adif

En lo que respecta a Acciona ha explicado que nunca recibió órdenes de Koldo García para contratar con Acciona y que no conocía a Fernando Merino, el exdirectivo de la constructora imputado por girar, presuntamente, pagos a Santos Cerdán. Precisamente, del que fuera secretario general del PSOE ha dicho que lo conoció siendo ya presidenta de Adif y no antes. Cabe recordar que los investigadores sostienen que la trama comenzó a operar en 2014, en Navarra, impulsada por Cerdán y por Koldo García.

Sobre los audios que obran en el sumario y que le implican en la facilitación de información de los contratos, Pardo de Vera ha asegurado que la información que le dio es pública y que es un "despropósito" pensar que urdieron un plan para licitar los contratos exclusivamente a las empresas señaladas por la Guardia Civil. Así las cosas, también ha explicado que se quejó ante Ábalos en varias ocasiones del trato que recibió de Koldo García, que ha definido de "inapropiado".

Con todo, el magistrado mantiene las sospechas sobre ambos. En lo que respecta a Pardo de Vera, ha precisado que tendría implicación en la contratación de Jesica en Tragsatec (toda vez que estaba vinculado a Presidencia de Adif) y también que intervino en las adjudicaciones "para favorecer a determinadas constructoras". Lo mismo atribuye a Herrero, de quien dice que su mediación para favorecer a determinadas compañías se relaciona con el interés mostrado por Koldo y Santos Cerdán tanto en 2018 como en 2020, año en que pretendieron darle un puesto de mayor responsabilidad.

Imputados tras el "informe Cerdán"

El magistrado del Tribunal Supremo derivó a la Audiencia Nacional lo relativo a Pardo de Vera y al que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero al considerar que sus conductas fueron instrumentales a la finalidad perseguida por Ábalos. Tras adherir al caso el conocido como "informe Cerdán" de la UCO, Leopoldo Puente se dirigió al magistrado Ismael Moreno para que si lo considerara, les imputara por estos hechos. Según expuso, los nuevos mensajes analizados por la UCO apuntalaron su presunta mediación para que las adjudicaciones investigadas "pudieran llegar a buen término".

El instructor determinó que había indicios consistentes para concluir que facilitaron "de manera inmediata" la información de algunos expedientes para que los cabecillas de la trama facilitaran las adjudicaciones a Acciona, Levantina Construcciones y Regadíos (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Por ese motivo, Ismael Moreno accedió a la solicitud y les imputó por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y prevaricación.

Tras ello, el magistrado Moreno ordenó los registros de las viviendas de Pardo de Vera y de Herrero, en el marco de los cuáles localizaron abundantes dispositivos digitales. En el caso de la expresidenta de Adif , la Guardia Civil se incautó de un documento del Consejo de Administración de Adif relacionado con el contrato de suministro de cinco millones de mascarillas que este ente, dependiente de Transportes, adjudicó a Soluciones de Gestión. Se trata de la empresa de la trama Koldo que consiguió contratos por 54 millones de euros con dos ministerios, además de los gobiernos de Baleares y Canarias.