Paso al frente de la Fiscalía

Niega «una soberanía catalana» e insiste en que el derecho a decidir es «de todo el pueblo español».

La Fiscalía irrumpió ayer con contundencia en el juicio del «procés». Se trataba apenas de rebatir las alegaciones de las defensas, que en su turno de cuestiones previas habían agitado el espantajo de una masiva vulneración de derechos fundamentales de los acusados, pero el Ministerio Público fue mucho más allá. Abrió el fuego el fiscal del Tribunal Supremo (TS) Javier Zaragoza, quien durante una hora se aplicó a la tarea de deconstruir el relato independentista que clama contra la supuesta persecución de las ideas políticas de los acusados e intenta arrastrar la credibilidad de la justicia española ante la opinión internacional. Estrasburgo en el horizonte, ya saben. Y lo hizo con tal determinación, y también vehemencia, que por momentos parecía que el juicio vivía ya sus últimas horas y lo que se escuchaba en la sala era el informe final de la Fiscalía.

Zaragoza situó a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo frente al espejo de los hechos por los que están acusados. Y no «por sus ideas», recalcó, sino por poner en marcha «un plan criminal» para imponer, incluso recurriendo a la violencia, la independencia de Cataluña. «Esto es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional –comenzó diciendo–, de un sistema político democrático que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos que formamos parte de este país».

Y a renglón seguido aprovechó para reprocharles que algunos de sus escritos parecen «libelos acusatorios» cuyo único objetivo es «crear una visión distorsionada de la realidad» para desacreditar a la Justicia española denunciando una vulneración «ridícula y desproporcionada» de derechos humanos. «Han fracturado gravemente nuestro sistema constitucional», les echó en cara, al tiempo que señaló que su único afán es «sentar en el banquillo al Estado». «Nada más lejos de la realidad», añadió, que airear que estemos ante un juicio a la democracia española.

Tras hacer hincapié en que «nadie está por encima de la ley» y que saltársela «no puede quedar impune», el fiscal describió la «intensidad de los ataques, incluso violentos» llevados supuestamenta a cabo por los acusados para intentar «expulsar la Constitución» de Cataluña y «sustituirla por una legalidad paralela».

En su particular «yo acuso», Zaragoza negó que el ejercicio de los derechos políticos pueda amparar «expulsar la Constitución y sustituirla por una legislación paralela», «imponer» una segregación territorial, «utilizar a miles de ciudadanos para incumplir las leyes y las resoluciones judiciales», desobedecer «de forma contumaz» al Tribunal Constitucional, convocar a miles de ciudadanos y «mantener secuestrada» a una comisión judicial bajo el pretexto de «un ataque a Cataluña» y «agitar a miles de ciudadanos sabiendo que se les abocaba al enfrentamiento violento con las fuerzas policiales» el 1-O. Como tampoco, añadió, «sustraer» a un cuerpo policial, los Mossos, del cumplimiento de la ley ni destinar fondos públicos «para financiar un proceso ilegal».

Consciente de que este juicio también se dirime en un escenario virtual –el de las instancias europeas y la opinión pública internacional–, el fiscal del Supremo quiso dejar claro que «no es el independentismo lo que se juzga aquí» ni se está «persiguiendo una ideología», la independentista, «que puede defenderse dentro de nuestro sistema democrático», sino que se están juzgando «unos hechos por los que se trató de imponer un determinado planteamiento político a los demás». Una actuación que, añadió, vulneró los derechos del resto de los ciudadanos, «de esa mayoría silenciosa» de Cataluña que no participó en el referéndum y «de todos los ciudadanos españoles», que deben tener voz «en una cuestión de soberanía nacional que les afecta directamente».

Afirmar, como hacen algunas defensas, que los acusados han sido perseguidos por sus ideas «es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos». Todos ellos, recordó, llevan años defendiendo sus tesis independentistas «y nunca han sido perseguidos ni encarcelados».

Zaragoza remató su impetuosa intervención asegurando que «no parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de diálogo como desencadenante de una secesión que, afortunadamente, fue neutralizada». Porque el diálogo «no es admisible», subrayó, «como imposición y al margen de la legalidad democrática».

Su compañero Fidel Cadena remató el discurso de la Fiscalía desbaratando otro de los puntales argumentales del independentismo, la pretendida soberanía del pueblo catalán. «No hay una soberanía catalana. Hay una soberanía del pueblo español», incidió al tiempo que abordaba otro de los totems del relato soberanista. «El derecho a decidir –dijo en referencia a la secesión del territorio catalán que perseguía el «procés»– corresponde a todo el pueblo español. Todo es de todos. Unos pocos no pueden decidir sobre algo que corresponde a todos».

Cadena se felicitó, irónicamente, por el hecho de que las defensas invoquen ahora los derechos fundamentales de la misma Constitución que han ignorado sistemáticamente durante el proceso soberanista. «La piedra que desecharon los arquitectos del “procés” –aseguró– se ha convertido en la piedra angular». «No hay legalidad democrática fuera de la ley –les advirtió el representante del Ministerio Público–. Eso supone situarse en el ámbito de la ilegalidad, en el autoritarismo».

Por último, el fiscal hizo hincapié, dirigiéndose a los procesados, en que «no es vuestra libertad ideológica la que ha sido objeto de vulneración» y negó también que se haya vulnerado su derecho a la libertad de expresión porque «en el ámbito parlamentario se pueden expresar todas las ideas».