"Patada en la puerta": la Fiscalía pide el archivo de la investigación a un policía

La Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación por un delito de allanamiento de morada a un subinspector de la Policía Nacional por la "patada en la puerta" en un piso de la madrileña calle Velázquez en marzo de 2021 para atajar una fiesta ilegal en plena pandemia. La petición de la fiscal acarreará el cierre del procedimiento, dado solo acusa el Ministerio Público. El pasado marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid archivó la causa respecto a los cinco agentes que participaron en el dispositivo, que continuó adelante únicamente respecto al responsable del mismo, en contra del criterio de la Abogacía del Estado.

Ahora, la Fiscalía considera que la actuación del agente no tiene relevancia penal porque actuó convencido de la legalidad de la actuación policial, por lo que incurrió en un error invencible. Y en caso de que no lo fuera (es decir, que hubiese tenido capacidad para cerciorarse de que estaba cometiendo un delito), la fiscal Inmaculada Sánchez-Cervera defiende que se trataría de una conducta imprudente que no es posible en el allanamiento de morada, por lo que solicita el sobreseimiento de las actuaciones. En uno u otro caso, precisa, "las consecuencias desde el punto de vista del Derecho Penal van a ser las mismas, la exclusión de la responsabilidad penal".

"Hay que tener en cuenta -subraya la acusación pública- las circunstancias en las que se desarrolló la actuación, en pleno estado de alarma, con la libertad ambulatoria de los ciudadanos restringida, y derechos fundamentales como el de reunión limitados". Era, recuerda, "una situación sanitaria sin precedentes en la que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían la obligación de velar por el cumplimiento de las normas establecidas como único medio eficaz para evitar la transmisión del virus" causante en esos momentos de "miles de fallecimientos".

Los vecinos avisaron a la Policía

Los hechos se produjeron el 22 de marzo de 2021 en una vivienda de la calle Velázquez, al que acudió la Policía alertada por varios vecinos del inmueble. Los agentes intentaron sin éxito que las personas que se encontraban en el interior del piso salieran a identificarse "al encontrarse incumpliendo las restricciones establecidas" en el decreto del estado de alarma por la pandemia de la Covid-19, que prohibía las reuniones no conviviente para evitar la propagación del virus.

La Fiscalía -que hace unos meses respaldó que siguiera investigando al subinspector de Policía- asegura ahora que las imágenes grabadas por la cámara corporal del agente el día de los hechos -que fue aportada al procedimiento por su abogado, Juan Antonio Frago- demuestran "que los hechos no ocurrieron tal y como relata el querellante".

En esas imágenes, explica, se puede constatar que tras contactar con los vecinos -que habían avisado a la Policía porque en la vivienda se estaba celebrando una fiesta incumpliendo las restricciones del decreto de estado de alarma, que había sido prorrogado hasta mayo de ese año-, los agentes "golpean fuertemente la puerta de la vivienda identificándose como policías" e instando a sus ocupantes a que salieran para identificarse.

"En múltiples ocasiones", señala, los policías avisaron a los ocupantes del piso que de ignorar su requerimiento podrían incurrir en un delito de desobediencia que justificaría la entrada en la vivienda y su posible detención. Seis minutos después, "mediante el método del resbalón" los agentes entran en el piso, donde se encuentran a una docena de personas sin mascarilla. Pese a que el inquilino "tenía dificultades" para comunicarse correctamente en español, la fiscal precisa que las "órdenes sencillas" de los policías "eran comprendidas perfectamente" por todos los que se encontraban en el interior de la vivienda.

Seis agentes a juicio por una actuación similar

El día anterior, se había producido un incidente similar en un piso de la calle Lagasca, por el que el próximo noviembre serán juzgados seis agentes (entre ellos el mismo subinspector al que la Fiscalía exculpa en esta causa).

La fiscal admite que "puede ser discutible", desde el punto de vista del derecho a la inviolabilidad del domicilio, que la negativa a identificarse ante un requerimiento policial -ante el posible incumplimiento de una norma administrativa como eran las restricciones en pandemia- justifique el acceso a la vivienda por la Policía.

Pero, según la representante del Ministerio Público, en la intervención policial en la calle Velázquez el jefe del operativo actuó "en la firme creencia de que su modo de proceder era "completamente legal y se encontraba amparado por el ordenamiento jurídico". "Ningún obstáculo puso ninguno de sus subordinados ni los integrantes de la Policía Municipal de Madrid que se encontraban presentes en la actuación", reseña.

Además, recuerda que durante la tramitación del procedimiento se han producido decisiones judiciales "divergentes sobre la licitud o no de la conducta desarrollada por el investigado".