El peregrinaje creciente a Waterloo

Cada vez hay más preguntas para las que el presidente del Gobierno no tiene respuesta. ¿Qué va a pasar con la reducción de la jornada laboral? ¿O con la «ley Begoña»? –la reforma judicial que parece diseñada «ad hoc» para bloquear las causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. ¿O con las demás decisiones fiscales que iban en el decreto ómnibus que acabó troceado por imposición de Junts? ¿O con el reparto entre las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que siguen hacinados en Canarias?

Todo pasa por Waterloo, y así lo sabían todas las partes desde que se inauguró esta legislatura, pero nunca como hasta ahora había sido tan reconocido el papel de director de orquesta que ejerce el expresidente catalán Carles Puigdemont en todo lo que sucede en España.

El desfile de políticos y empresarios por Waterloo se ha convertido en una norma, y los que antes hablaban en voz baja del expresidente, o bien ocultaban que estaban buscando vías de enlace con él, ya no se esconden y le reconocen como un actor político más, a pesar de que la no ejecución plena de la amnistía penal le mantenga todavía fuera de España.

Las puertas de la residencia del expresidente están abiertas a todos y el teléfono, también. Puigdemont tiene ahora mismo en sus manos la capacidad de decidir el futuro de leyes determinantes para la izquierda y se puede ir todavía más allá y señalar que la propia supervivencia política de la vicepresidenta y ministra de Trabajo se decidirá en Waterloo. Así, Yolanda Díaz ya ha mantenido varios contactos con Puigdemont para convencerle de que apoye la reducción de la jornada, una bandera para ella irrenunciable y de la que depende en su intento de conseguir algo de oxígeno que le permita ganar tiempo en la batalla que libra dentro de la izquierda y contra su precariedad parlamentaria. Para la ministra Díaz, la reducción de la jornada de trabajo equivale a la reforma laboral de la pasada legislatura, y el reclamo de su pacto con los sindicatos, a modo de frente común contra el PSOE, no le es suficiente como para poder sacar adelante su medida en el Congreso. Junts está apretando, anticipando un «no», mientras negocia más beneficios para el ecosistema empresarial de Cataluña. En este caso, como en todos los demás, Puigdemont no dará un «sí» sin conseguir nada a cambio.

El número de organizaciones patronales y de empresarios que se han puesto en contacto con él, para pedirle que vete el proyecto, es cada vez más alto, pero Junts también tiene que atender a la popularidad de la medida. Y en medio del debate, si hay algo ya claro entre la burguesía y el poder económico catalán, es que el partido de Puigdemont ha decidido regresar a la escena política para ocupar un espacio que antes era de Convergència y que ahora, a poco que se descuiden, pasará a estar en manos de Salvador Illa sin margen de retorno.

Así, la ministra de Trabajo podrá intentar enmascarar que la igualdad que pregona pasa siempre por reconocer beneficios especiales a Cataluña, pero sabe que Puigdemont no puede votar a favor de su medida estrella sin conseguir importantes concesiones a favor del tejido empresarial catalán, y en esto anda mientras cada vez posiciona mejor a su equipo en Madrid entre la élite más influyente de la capital. A sus enviados se les puede ver en los despachos con más caché del núcleo del poder madrileño, en algunos que ya les gustaría pisar, por cierto, con más frecuencia a la oposición.

Y esta es otra prueba del fariseísmo en el que se ha instalado la política. Tensar tanto la cuerda, exagerar lo que hace el contrario, y distorsionar los términos de cualquier decisión llevan a que el PP cave su propia encrucijada: lo que por otro lado está siendo validado por aquellos que manejan el cotarro económico, es un embrollo de los gordos en las filas del principal partido de la oposición, en buena parte por la responsabilidad de algunos de sus satélites. Aquellos que toleran el coqueteo del dinero con Junts, incluso el suyo propio, pero ponen el grito en el cielo cada vez que se habla de cualquier aproximación del PP a los de Puigdemont.

La agenda de la izquierda está tan sometida a las decisiones de Puigdemont que «más les valdría incluir a un emisario suyo en el Consejo de Ministros», comenta un portavoz de Podemos.

Y aquí ahora cabe preguntarse qué futuro le queda a ERC en medio de una pinza política y económica en la que no tiene discurso ni un programa propio que pueda hacerse notar mínimamente fuera de este ecosistema de intereses aparentemente enfrentados en el que se han instalado el PSOE y Junts, y que condiciona completamente toda la agenda.

Internamente hay debate, en un partido fracturado y que todavía está pendiente de que Oriol Junqueras cosa las heridas del último congreso. Esta es una difícil tarea cuando se está fuera del poder,

y los cargos, como premio de consolación, que les mantuvo Salvador Illa no dan para aplacar las guerras.