La Policía no aclara el número de agentes ni el material antidisturbio empleado en las cargas de Ferraz

La Dirección General de la Policía no facilita información sobre los efectivos desplegados la noche del 6 al 7 de noviembre de 2023 ante la sede del PSOE en Madrid en protesta contra la ley de amnistía, acogiéndose al “perjuicio para la seguridad pública” y cuya divulgación “supone mostrar posibles vulnerabilidades operativas”. Asimismo se remite a la “autoridad judicial, que es la competente para otorgar o no el acceso” a los datos relativos al “material antidisturbio utilizado” aquella jornada, información que forma parte de un atestado policial “que no es un documento que deba ser catalogado como público”.

Así consta en una resolución a través del Portal de Transparencia, con fecha de entrada del 8 de noviembre y cuya respuesta está fechada el pasado 18 de diciembre, firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

Cuando hay en marcha un procedimiento penal contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, por el lanzamiento de gases lacrimógenos esa noche, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces “está recabando una serie de documentos de cargo para aportar al juzgado en el momento procesal oportuno que apuntan a estas cuestiones” y que “si por el momento no se están esclareciendo, lo harán en el futuro durante la instrucción penal”, aseguran fuentes de la entidad denunciante.

Pardo Piqueras, que procede del PSOE de Castilla-La Mancha y fue secretario de Estado de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero, apela a “posibles vulnerabilidades operativas” para denegar la información acerca del número de agentes desplegados. Además, elude contestar sobre si se avisó con carácter previo a los manifestantes de las cargas y el uso de gases lacrimógenos.

En este sentido, efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) señalaron días después que sí advirtieron por megafonía de que iban a intervenir. Hay que recordar que los recelos mostrados entre los antidisturbios han sido hacia la cadena de mando política, más aún cuando en otras ocasiones las órdenes “de arriba” insistían en “aguantar”.

El director general de la Policía apunta en el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que las concentraciones -contra los pactos del PSOE y los independentistas catalanes para una amnistía- “no estaban comunicadas y, por lo tanto, no se ajustaban a la ley”. En su “transcurso se produjeron cortes de calles, destrozos del material urbano y ataques a los policías allí presentes mediante el lanzamiento de objetos”, explica, lo que “motivó el empleo progresivo de la fuerza”.

Respecto al “número de heridos por las cargas y acciones policiales”, señala que no puede aportarse al “desconocerse”, y que “la centralización de los datos solicitados se llevará a cabo en el juzgado de instrucción” correspondiente. Según fuentes del Ministerio del Interior, aquella noche se saldó con siete detenidos y 30 agentes de la Policía Nacional heridos de diversa consideración.

A juicio de la Asociación Raíces, es “muy llamativa” la “opacidad” en esta respuesta. Considera que la Policía de momento se ampara en “cuestiones genéricas de seguridad, en la judicialización del asunto, cuando la respuesta es de un mes antes de la apertura de diligencias penales contra el delegado del Gobierno en Madrid, o en multiplicidad de fuentes descontroladas”, respecto a los heridos por los gases empleados por los agentes.

“Tampoco esclarece” el director general de la Policía, según las mismas fuentes, “si avisaron antes a los manifestantes de que iban a lanzar gases lacrimógenos ni sobre qué clase de violencia recibió la Policía que pudiera justificar" su acción.

El reclamante de esta información y secretario de Raíces, Guillermo Rocafort, considera que “hay dos procedimientos de investigación por separado, el penal en los juzgados de Plaza Castilla, pero también por la vía del derecho a la transparencia y de la opinión pública”, porque “los españoles demandan ya datos públicos sobre la violencia policial ordenada en la represión contra los manifestantes en Ferraz”.