Primer juicio a Puigdemont por el "procés" con el "comodín" de la amnistía

Con la proposición de ley de amnistía ya en el horno –se espera que el PSOE y sus socios la registren en el Congreso en las próximas horas–, Carles Puigdemont afrontará el próximo viernes –al igual que una treintena de ex altos cargos de la Generalitat– su primer juicio por el «procés» con el «comodín» de la medida de gracia, que previsiblemente incluirá también este proceso contable por el supuesto desvío de más de tres millones de euros de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 –que precipitó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el cese en bloque del Ejecutivo de Puigdemont– y la promoción en el extranjero del proceso soberanista a través de Diplocat.

Aunque el expresident intentó frenar el juicio –y probablemente lo volverá a hacer una vez arranque la tramitación parlamentaria–, el tribunal desestimó sus argumentos, que incidían en que no puede responder por ese supuesto desvío de fondos cuando está siendo investigado por los mismos hechos en el Tribunal Supremo, donde aún permanece abierta la causa contra él y el resto de fugados desde que optaran por refugiarse en Bruselas en 2017.

Al contrario que en la jurisdicción penal, la asistencia de los encausados no es necesaria en la vista oral, pero Puigdemont está llamado a declarar porque así lo solicitó la defensa de otro de los demandados, su antecesor al frente de la Generalitat Artur Mas.

Polémico aval de la Generalitat

Puigdemont, Mas y el resto de encausados –entre ellos el líder de ERC, Oriol Junqueras, exconsellers como Raül Romeva y JordiTurull y los fugados Toni Comín y Lluís Puig– tuvieron que hacer frente a voluminosas fianzas antes de que acudiera al rescate la Generalitat de Cataluña con un aval de 5,4 millones de euros del Fondo Complementario de Riesgos. Un aval que inicialmente el Tribunal de Cuentas rechazó pero que finalmente admitió en febrero del pasado año tras la renovación del organismo que plasmó una mayoría progresista en la Sección de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador.

Unas fianzas que podrían recuperar si la ley de amnistía incluye la obligación de restituirlas, como exigen los partidos independentistas al Gobierno.

El pasado viernes, la defensa del líder independentista, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, comunicó al tribunal que «por razones de su cargo», Puigdemont deberá testificar por videoconferencia pues el viernes está «fuera de Cataluña y de España». En realidad, mientras la futura ley de amnistía no entre en vigor –y aun después, si el Supremo recurre a Europa o al TC y la aplicación de la medida a la causa del «procés» queda en suspenso–, el expresident no puede poner un pie en España sin ser detenido y conducido policialmente ante el juez Pablo Llarena, pues sigue en vigor la orden nacional de detención contra él.

Se espera que el juicio no se prolongue más allá del viernes, puesto que las defensas y las acusaciones –Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC), porque la Abogacía del Estado se retiró del procedimiento– deberán presentar sus conclusiones por escrito.

La Fiscalía cifró inicialmente en nueve millones y medio de euros la cantidad supuestamente desviada de las arcas públicas para financiar el 1-O y promocionarlo en el exterior, pero posteriormente rebajó considerablemente ese montante, que ahora sitúa en poco más de tres millones de euros, la cantidad que reclama a los encausados para restituirla al erario público. Sin embargo, Sociedad Civil Catalana eleva esa reclamación a cinco millones de euros.