El PSOE acelera la expulsión de Ábalos tras el informe de la UCO

El Gobierno y el PSOE siguen esquivando las explicaciones por el "caso Ábalos" aferrándose a un argumento: la "contundencia" con la que actuaron contra el que fuera secretario de Organización del partido y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ejecutivo. Para ello exponen que apenas unos días después de que trascendieran las primeras informaciones que comprometían a su mano derecha, Koldo García, desde Ferraz se actuó tajantemente, abriendo un expediente de expulsión del PSOE y exigiendo la entrega del acta de diputado, lo que finalmente no ocurrió y acabó con Ábalos en la bancada del Grupo Mixto tras echarle del Grupo Parlamentario Socialista.

Sin embargo, todavía queda un fleco por resolver. El expediente de expulsión no tiene una resolución tan inmediata como su apertura y el proceso es garantista, en cuanto a la posibilidad de presentar alegaciones por parte del expulsado. Ábalos está agotando los plazos y ya ha pedido en dos ocasiones -la última a principios de este mes de octubre- su reingreso en el partido. Sin embargo, la investigación que avanza en paralelo al proceso interno ha arrojado nuevos datos de una contundencia tal que en el PSOE ya anticipan que la expulsión acabará por materializarse. En primer término, porque la salida de Ábalos se expone como muestra de ejemplaridad y transparencia contra la corrupción y, en segundo, porque entienden que toda alegación que haya hecho el otrora secretario de Organización ha quedado desfasada, una vez que trascendió el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) y que ha hecho suyo la Fiscalía Anticorrupción y que le colocan como "jefe" de la "trama criminal". El exministro de Transportes está a las puertas de la imputación.

Cronología de una expulsión

El proceso interno contra Ábalos comenzó en el mes de febrero, pocos días después de la detención de su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García. En ese momento el PSOE le exigió que entregara su acta de diputado y como se negó, le expulsó del Grupo Parlamentario Socialista y le abrió un expediente de suspensión cautelar de militancia. El expediente siguió su curso durante varios meses y se reactivó en septiembre tras el parón veraniego, después de que el propio Ábalos reclamase a Ferraz que le readmitiese y cerrase su caso, que daba por "caducado", ya que habían pasado varios meses "paralizado", sin realizar nuevas diligencias, según protestaba.

A partir de ese momento el asunto cobró vida de nuevo y la dirección del PSOE contestó a su antiguo dirigente marcándole un plazo de cinco días para que remitiese toda la documentación pertinente para su defensa. Ábalos respondió en el plazo fijado, concretamente el 7 de octubre, alegando que no había cometido ninguna falta recogida en los estatutos y el reglamento del partido y reclamando de nuevo que se archivase su expediente de expulsión y se le devolviesen todos sus derechos como militante. En su escrito, dirigido a la Secretaría de Organización de Santos Cerdán, alegó que no se respetó el plazo que le dieron para entregar su acta y rechazó los cargos que se le atribuían, como actuar contra un acuerdo acordado por los órganos del partido o abandonar el cargo sin autorización previa.

La UCO lo cambia todo

Sin embargo, solo unos días después, el jueves 10 de octubre, se hizo público un informe de la UCO que dejó al exministro al borde de la imputación judicial, al atribuirle un "papel relevante y de responsabilidad" en el llamado "caso Koldo". Los investigadores de la Guardia Civil ponían el acento en su relación con Koldo García y con Víctor de Aldama, el presunto comisionista que actualmente se encuentra en prisión preventiva por otro caso relacionado con los hidrocarburos y señalaba que se debe investigar la relación del exministro con la "organización criminal". Además, la Fiscalía Anticorrupción, también se mostró partidaria de investigarle al señalar que "resulta difícil entender la operativa" llevada a cabo por Koldo García y Aldama "sin la participación" de Ábalos.

La situación de Ábalos, por tanto, se ha complicado en la última semana, más aún cuando el PSOE ya ha confirmado que apoyará el suplicatorio cuando llegue al Congreso y permitirá que sea investigado por el Tribunal Supremo. Según indican fuentes socialistas, los dos procesos, el judicial y el orgánico pueden continuar de forma paralela y rechazan que el primero pueda hacer que el segundo quede paralizado. No obstante, remarcan que los argumentos dados por Ábalos y los documentos remitidos para sustentar su defensa han quedado "caducados" y superados por los nuevos señalamientos.