Puigdemont insta al TC a huir del "activismo político" y suspender su orden de detención

En su pugna por intentar dejar sin efecto la orden de detención y prisión que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene en vigor contra él, Carles Puigdemont apremia al Tribunal Constitucional (TC) a huir del «activismo político» y acordar la suspensión cautelar de esa resolución judicial que obstaculiza su regreso a España. Se trata, dice su defensa en las alegaciones remitidas a la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, de una medida «de prudencia constitucional» que resulta «jurídicamente necesaria», «constitucionalmente obligada» y «políticamente neutral».

Y es que en ese escrito el líder de Junts considera que el respaldo del TC a esa suspensión cautelar «contribuiría a preservar la neutralidad y la independencia» del Constitucional. Evitando así, subraya, que su «inacción» pueda ser interpretada «como una toma de posición política». En este sentido, insta a los magistrados a no permitir «que la razón de Estado suplante a la razón jurídica».

Los argumentos del expresidente de la Generalitat –a los que ya se ha opuesto la Fiscalía–inciden en que de mantener vigente esa orden nacional de detención e ingreso en prisión dictada por el instructor de la causa del «procés», se produciría «una consecuencia institucionalmente inaceptable». El hecho de que, explica su letrado, Gonzalo Boye, «mientras la ley sigue vigente y su constitucionalidad firme» (el TC la avaló con cuatro votos en contra el pasado junio) «los efectos de una orden judicial incompatible con ella continuarían desplegándose».

Razones de "cálculo político"

La defensa de Puigdemont –que está también a la espera de que el TC resuelva su recurso de amparo contra la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado– enuncia que la Justicia constitucional «no puede aceptar que la fuerza de la norma constitucional» (la Ley de Amnistía) «se diluya frente a la inercia de decisiones judiciales que, de hecho, la desobedecen».

De hecho, sostiene que esa suspensión de la orden de detención resulta «indispensable para garantizar la plena eficacia» de la sentencia con la que el TC respaldó el encaje de la ley en la Carta Magna.

Para el abogado del líder de Junts, no acordar la suspensión en este caso «solo podría explicarse desde una lógica ajena al Derecho», «una lógica política o de oportunidad» que –pone de relieve– «debe permanecer fuera del ámbito de decisión de este tribunal». El Derecho constitucional, hace hincapié, «no admite el sacrificio preventivo de un derecho fundamental por razones de conveniencia o de cálculo político».

Boye sostiene que mantener esa orden judicial que hace que Puigdemont viva «bajo el riesgo constante de detención e ingreso en prisión», supondría «anticipar el sentido del fallo de fondo» (la decisión sobre su recurso de amparo en su pulso al juez Llarena) y privar a su demanda de amparo «de su razón de ser». En la medida en que, argumenta, «el daño se renueva cada día que persiste la orden de detención, impidiendo el ejercicio de un mandato político vigente» (el líder de Junts es diputado del Parlament) y su «libre circulación por todo el territorio de la Unión Europea».

Para la defensa de Puigdemont, esa resolución judicial produce «día a día un daño real y progresivo tanto en la esfera de la libertad personal como en la del derecho de participación política».

El riesgo de entrar en prisión

Y ahí su abogado alude a la decisión que adoptó del TC respecto a Arnaldo Otegi –como ya informó LA RAZÓN–, a quien concedió la suspensión cautelar de la orden del Tribunal Supremo de que se repitiera el juicio contra él por intentar reconstruir Batasuna, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyese que el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgó vulneró su derecho a un juez imparcial.

«El riesgo real de detención e ingreso en prisión es jurídicamente más grave, más irreversible y lesivo –sostiene– que el mero riesgo de que se celebre un juicio, como en el caso de Otegi, o de que se ejecute una pena de inhabilitación» (en referencia nada velada a la petición de suspensión cautelar de Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado hasta 2031 porque el indulto parcial del Gobierno solo afectó a su condena de prisión).

Puigdemont requiere del TC una respuesta «inmediata, urgente e inaplazable» (ya intentó sin éxito en julio que el tribunal tomase una decisión por la vía rápida). Para evitar de esta forma prolongar, razona su abogado, «una situación de incompatibilidad» con los «valores fundacionales de la Unión» que según su criterio lesiona los derechos a la libertad, a la libre circulación y a la igualdad en la protección de las minorías nacionales».