Puigdemont reclamará una indemnización al Estado por la investigación de la "trama rusa" del "procés"

Carles Puigdemont tiene intención de reclamar una indemnización al Estado por los «daños reputacionales» que considera le ha ocasionado la investigación de la «trama rusa» del «procés» por parte del juez Joaquín Aguirre –ya jubilado–. Según ha podido saber LA RAZÓN, tanto el expresidente de la Generalitat como su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y su abogado, Gonzalo Boye –que también estuvieron imputados en la causa que indagó en la supuesta injerencia del Kremlin en el desafío independentista en Cataluña en 2017– tienen intención de plantear una demanda de reclamación y responsabilidad patrimonial en vía contencioso-administrativa contra la Administración del Estado por lo que consideran un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

El líder independentista tendrá que plantear, en primer lugar, sus pretensiones ante el Ministerio de Justicia, y solo tras la negativa de este (o el mero silencio administrativo) tendrá vía libre para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para formalizar esa demanda.

La decisión de Puigdemont, Alay y Boye se produce después de que recientemente el Tribunal Supremo haya ratificado el archivo de esa investigación, que apuntaba a las conexiones del independentismo catalán con el Kremlin en busca de respaldo a la causa soberanista. El expresident se queja de que el juez Aguirre intentó que el Supremo le imputara –remitiéndole una exposición razonada con los supuestos indicios contra él– ignorando el mandato de la Audiencia Provincial de Barcelona, que le había ordenado cerrar la causa.

La instancia superior llegó a afear al instructor que incumpliese «una resolución firme», vulnerando «el derecho fundamental a la tutela judicial, así como normas esenciales del procedimiento», lo que calificó de «fraude de ley». La Sala dejó claro que la exposición razonada –sobre la que ni siquiera llegó a pronunciarse el Tribunal Supremo– era nula de pleno derecho y no tenía que provocar ningún efecto.

Intervención del teléfono

Pero más allá de esa decisión de Aguirre, las quejas sobre ese pretendido funcionamiento anormal de la Administración de Justicia apuntan a otras decisiones del juez durante la instrucción –señalan esas mismas fuentes–, entre ellas la intervención del teléfono de Josep Lluís Alay, que consideran que no está habilitada legalmente por ninguna resolución del instructor.

La investigación de la «trama rusa» del «procés» –en la que el juez vio indicios de la supuesta comisión de un delito de alta traición que habría dejado a Puigdemont al margen de la amnistía– estuvo salpicada de quejas contra el instructor, tanto del líder independentista como de su jefe de gabinete. Hasta el punto de que el líder de Junts llegó a querellarse por prevaricación y malversación contra el magistrado, acusándole de «torcer el derecho» y vulnerar sus derechos fundamentales y causarles indefensión en una actuación que calificaron de «bochorno para el conjunto de la Administración de Justicia».

Según el juez Aguirre, Puigdemont estaba –junto al también expresidente de la Generalitat Artur Mas– en la cúspide de una «estructura piramidal» cuyo objetivo era establecer contactos con «elementos de injerencia rusa a espaldas del Estado español». Y situaba, «en un segundo peldaño», a Alay y Boye, encargados de desarrollar una «labor intelectual y de planificación» de esa supuesta estrategia dirigida a contactar con el Kremlin «para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual República catalana».

Los tres investigados se quejaron de que Aguirre continúo adelante con un procedimiento cuya instrucción estaba ya cerrada «por imperativo legal» impulsando «ilegalmente a costa de fondos públicos» una pieza separada del conocido como «caso Voloh». Incluso llegaron a reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que apartara a Aguirre de la investigación, denunciando que imputó a Puigdemont de manera «sorpresiva» para evitar que fuese amnistiado y de perseguir «perversamente» a Alay «por su actividad política» y a Boye por su «trabajo profesional» con el objetivo de «criminalizar» su labor como abogado del expresident.

"Telenovela"

Alay también arremetió contra el instructor al pedirle sin éxito que le aplicara la Ley de Amnistía y calificó de «telenovela» sus «ideaciones fantasiosas o ensoñaciones» que, se quejó, eran «impropias de una investigación judicial».

El historiador cuestionó en febrero del pasado año la imparcialidad del instructor y calificó de «delirante» y «política» su actuación, y cuestionó su imparcialidad por conceder una entrevista en la televisión alemana «sobre un caso que está instruyendo». La investigación, se quejó, era de «marcado carácter prospectivo y clara orientación política».

El juez Aguirre consideraba a Puigdemont la «autoría mediata» de la supuesta trama para recabar el apoyo de Rusia a la República catalana y defendía que tanto él como Artur Mas no tenían necesidad de «autorizar cada acción de ámbito internacional» de sus personas de «máxima confianza», entre las que incluía a Alay, pues estas dispondrían de «autonomía y capacidad para decidir cómo alcanzar los logros estratégicos», que según el instructor confluían en el objetivo de conseguir el «apoyo y reconocimiento internacional» a un estado catalán independiente.

A la espera de la amnistía

Al margen de esta reclamación en ciernes, el expresidente tiene por delante una intensa agenda judicial para intentar que se le aplique la Ley de Amnistía que el Tribunal Supremo le niega. En primer lugar, presentará –previsiblemente en los próximos días– un incidente de nulidad contra la decisión de la negativa de Llarena a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado. Una vez resuelto este, acudirá ya al Tribunal Constitucional en demanda de amparo, alegando una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Pero al unísono, acompañará una petición de suspensión cautelar de las órdenes de detención y prisión que el juez Llarena mantiene en vigor contra él, lo que obligará al TC a pronunciarse sobre este asunto, que en el caso de resolverse afirmativamente aceleraría su regreso a España sin necesidad de esperar a que el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido se pronuncie sobre la amnistía (el primer recurso se resolverá antes del verano, según anunció el propio presidente del Constitucional) decida si le concede el amparo.

Pero decida lo que decida el TC, el afán de Puigdemont es el de infligir una derrota judicial a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para conseguir la esperada resonancia internacional.