¿Por qué el Gobierno puede perder el 75% de los decretos a partir de ahora?

La aprobación de la Ley de Vivienda dejó una fotografía en el Congreso muy significativa: el PNV y el PDeCat, los dos partidos más fiables para el Gobierno a lo largo de toda esta legislatura, votaron en contra y lo hicieron expresando mucho malestar. De momento, este episodio tampoco va a desencadenar una ruptura en el bloque de la investidura (compuesto, esencialmente, por ERC, PNV, Bildu y PDeCat) y ambas formaciones parece que van a seguir con la mano tendida, aunque sí puede suponer un punto de inflexión en las relaciones porque el Gobierno también envió un mensaje al escoger a Esquerra y Bildu como socios de una norma tan icónica en este mandato.

Tanto el PNV como el PDeCat fueron muy críticos y pusieron mucho énfasis en mostrarse contra la «invasión competencial» que supone esa ley (a juicio de ambas formaciones, la norma crea un marco que limita las políticas de vivienda, cuando esa facultad está traspasada a las autonomías), aunque también se mostraron en contra de medidas de fondo, como el tope a los alquileres. Ambas formaciones, además de criticar el contenido de la norma, han reprochado las formas atropelladas del Ejecutivo para aprobarla en el Congreso. De hecho, los posconvergentes (junto a otros grupos) llegaron a amenazar con usar el Reglamento para tratar de ralentizar la aprobación de la Ley como forma de protesta, aunque finalmente no se materializó. Los nacionalistas vascos, por su parte, recriminaron la forma de legislar del Gobierno.

Esta tensión del Gobierno con PNV y PDeCat en este tramo final de legislatura contrasta con lo que ha ocurrido durante los últimos tres años y medio, ya que han sido los dos partidos más fiables, si la fiabilidad se puede medir por el número de decretos (con la gran importancia que han tenido para Pedro Sánchez) que han apoyado ambas formaciones: los nacionalistas vascos han respaldado 82 de 96, mientras que los catalanes han dado el plácet a 79 de 96 y, entre ambos, suman en torno al 75% de los decretos. Esquerra ha apoyado 68 y Bildu, muchos menos, ha dado su beneplácito a 48 (menos, incluso, que el PP, que ha votado a favor de 50 de ellos). Si se mide por las leyes, los nacionalistas vascos han colaborado prácticamente en casi todas, más allá de oponerse, puntualmente, a normas como la Ley Rhodes de protección a la infancia, aprobada en junio de 2021, o la Ley de bienestar animal. Ambas normas son de Podemos, partido con el que los ánimos andan más crispados que con el PSOE.

En el PNV quitan hierro a los últimos ataques que está lanzando Podemos sobre ellos y lo atribuyen al contexto electoral y a los nervios de la formación morada, que en el País Vasco puede quedarse como formación extraparlamentaria el año que viene. En este sentido, tampoco cabe olvidar que la prioridad de Podemos es un tripartito en el País Vasco con Bildu y PSOE, y desalojar al PNV del Ejecutivo vasco.

Mientras tanto, en el PDeCat tampoco están por la labor de romper con el Gobierno porque han conseguido convertirse en una formación influyente y respetada gracias a sus negociaciones con Moncloa, lo que se está traduciendo en fuerza y combustible político (en Barcelona, Xavier Trias cuenta con miembros del PDeCat en sus listas, lo que permitirá al partido tener representación en el segundo Ayuntamiento de España). Además, el PDeCat tiene la oportunidad de conseguir un hito en esta legislatura, con la previsible aprobación de la reforma de la Ley de Mecenazgo (está a expensas del plácet del Senado tras superar el trámite en el Congreso): ninguna formación que no sea PSOE o Podemos ha logrado aprobar una ley durante los últimos tres años y medio. De hecho, el PNV tampoco lo ha logrado pese a su intento con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida por sus detractores como «Ley Mordaza»), que naufragó en el sprint final.

PNV y PDeCat, que suman diez escaños entre ambos, suelen coordinarse a la hora de abordar determinadas iniciativas parlamentarias, lo que hace que muchas veces coincidan en el posicionamiento parlamentario. Ambos partidos son muchas veces determinantes en esta legislatura para un Gobierno que tiene 153 diputados y necesita 176 para la mayoría absoluta.

La Ley de Vivienda ha aflorado tensiones entre el Ejecutivo y una parte del bloque de la investidura en pleno tramo final de legislatura, cuando todavía quedan bastantes leyes del Gobierno por aprobarse, aunque de menor impacto mediático. En este sentido, se da por descontado que la nueva Ley de Secretos Oficiales, perseguida por el PNV, no va a salir adelante. Tampoco la reforma de las leyes que regulan el CNI, que los nacionalistas vascos exigen.