Miles de jueces y fiscales se han dado cita este sábado en una insólita protesta en favor de la independencia judicial. La carrera, muy poco dada a este tipo de manifestaciones, ha colgado las togas para denunciar injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial y para pedir a Moncloa que dé marcha atrás con la tramitación de las conocidas como "leyes Bolaños". Los organizadores de la protesta la califican de éxito y cifran los asistentes en más de 5.000 personas. Este acto, que ha llevado por lema 'Sin Estado de Derecho no hay Democracia', es la antesala de tres días de huelga en la que no se acordarán servicios mínimos por no encontrarse regulado este derecho para los jueces. Estas son las claves del conflicto:

¿Por qué protestan los jueces?

Todas las asociaciones de jueces (a excepción de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia) y las de fiscales (a excepción de la Unión Progresista de Fiscales) convocaron hace unas semanas un paro para protestar por el avance de las reformas de las "leyes Bolaños". La convocatoria se produjo tras semanas advirtiendo su rechazo a estas reformas de calado que afectarán de lleno a la independencia judicial y que el Gobierno no prevé retirar. Una gira en torno a los cambios con las normas de acceso a la carrera y la otra con la entrega de la instrucción de las causas a los fiscales.

¿En qué consiste la reforma de acceso a la carrera judicial?

En relación con el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, los convocantes sostienen que la iniciativa no responde a una demanda social y, además, se tramita por la vía de urgencia sin que haya motivos para ello. La reforma exige modificar las bases de las carreras judicial y fiscal para que accedan a la misma los jueces y fiscales sustitutos o los que acumulen cinco años de experiencia profesional. Al respecto, especialmente grave la creación de un Centro de Estudios Jurídicos, que se convertirá en un centro público de preparación de oposiciones a fiscales, jueces, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia. El rechazo a esta última propuesta reside en que sospechan que el Ejecutivo intervendrá por la puerta de atrás en un proceso hasta ahora independiente, puesto que controlará de manera directa este Centro.

Por todo ello consideran que este cambio provoca diferentes vías de acceso para ser juez y fiscal. Una que es la tradicional y que reside en el sistema clásico de las oposición y en la que imperan los principios de mérito y capacidad, y otra, en la que tendrá un indudable peso el partido político de turno que esté en el poder.

¿Qué implicaciones tendrá la irrupción de los fiscales en la instrucción de las causas?

El otro motivo por el que protestan los jueces es el relativo a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El objetivo del Gobierno en este caso es dar la instrucción de las causas a los fiscales, equiparando de esta manera el modelo español a la mayoría de ordenamientos europeos. Los convocantes de la protesta no ven con malos ojos que se apunte en esta dirección. Lo que rechazan es el diseño del cambio porque no se les dota de garantía al fiscal de turno que investigue, toda vez que el Ministerio Público es un ente jerárquico en cuya cúspide se sitúa el fiscal general del Estado.

Consideran peligroso que la causa caiga en manos de un fiscal que, a su vez, depende de un cargo que nombra el rey a propuesta directa del Gobierno. Además, advierten que la reforma incluso pretende eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a sus jefes. Además, en estas condiciones se les entregaría el control de la Policía Judicial (cargo que ejerce la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional), mientras que el hasta ahora instructor desempeñaría una labor de juez de garantías, al igual que ocurre con la Fiscalía Europea.

¿Qué dice el CGPJ de esta propuesta?

El CGPJ afeó en un informe aprobado por unanimidad en el Pleno del pasado 23 de junio que la reforma del Estatuto de los Fiscales no haga alusión alguna al "carácter independiente" de la institución. En concreto, lamentaron que no se hiciera hincapié en que la Fiscalía no está sujeta a las directrices de ninguno de los poderes del Estado, toda vez que consideran necesario garantizar este extremo antes de que los fiscales asuman las funciones que en la actualidad ejerce el juez instructor.

¿Es ilegal la huelga?

No. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que dijo en su pronunciamiento de la semana pasada es que no puede garantizar servicios mínimos porque la convocatoria no tiene soporte normativo. Este es el dictamen definitivo que salió adelante con el apoyo unánime de los 20 vocales más el de su presidenta, María Isabel Perelló.

De manera que se descartó tildar esta huelga de "ilegal", como así lo contempló la propuesta del vocal progresista José María Seijo. En la misma expuso que el CGPJ no solo debería abstenerse de reconocer el derecho a fijar los servicios esenciales, sino que se tendría que reservar las actuaciones correspondientes para la convocatoria de una movilización "claramente ilegal". El documento no salió adelante y la huelga (que será la sexta huelga de jueces en democracia) va camino de convertirse en una realidad.

¿Se mantiene la huelga de la semana que viene?

Sí. De hecho, al término de la protesta de este sábado, las dos asociaciones de fiscales han emitido un comunicado en el que anuncian que se mantienen "firmes" en la convocatoria de paro de los días 1,2 y 3 de julio. Además, han presentado un recurso de reposición contra el documento que les notificó este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el que asumen el acuerdo del CGPJ. El máximo representante del Ministerio Público considera que la huelga de jueces no tiene respaldo normativo y que, por lo tanto, carece de competencias para fijar servicios mínimos.

En ese sentido, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denuncia que el fiscal general está "cercenando el ejercicio del derecho a huelga" y que en el pasado, la Unión Progresista de Fiscales (asociación que él presidió), sí defendió su derecho a huelga.

¿Hasta dónde llegarán?

Las asociaciones ya han advertido de que acudirán a Europa si el Gobierno sigue ignorando sus reclamos. En concreto, prevén recurrir al Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y la Comisión de Venecia, donde denunciarán que estas medidas pueden vulnerar la independencia judicial y la separación de poderes. Cabe recordar que el GRECO ha reprendido en numerosas ocasiones al Estado español por el sistema de elección de vocales del CGPJ (que no se ha modificado) o ante la "preocupación pública" por la falta de independencia del fiscal general del Estado.

Sobre este último punto, el GRECO instó en abril a desligar la elección de la figura del fiscal general del Gobierno para, así, otorgarle mayor independencia. Este es uno de los puntos incluidos en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ahora bien, las asociaciones de jueces y fiscales sospechan que esta reforma no se impulsa con la verdadera finalidad de desligar la figura del fiscal general de Moncloa, sino con el fin de nombrar a un fiscal afín y, al alargar su mandato de cuatro a cinco años, lograr que pueda mantenerse durante la siguiente legislatura, aunque pierdan los comicios y gane el partido del signo contrario.