El clima político es asfixiante, la incapacidad para gobernar se ha hecho explícita con la nueva posición de Carles Puigdemont y las novedades judiciales marcan la agenda de cada semana.

La decisión del Gobierno ha sido la de no presentar por tercer año consecutivo el proyecto de Presupuestos, es decir, no existe política fiscal alguna en una legislatura que ya pasó el ecuador hace meses.

El bloqueo no afecta exclusivamente a las cuentas públicas, se suma a la decisión de Junts es impedir que salga adelante cualquier iniciativa gubernamental. En cualquier democracia occidental, un presidente del Gobierno que ha perdido el respaldo del Parlamento se habría sometido a una cuestión de confianza o habría convocado elecciones legislativas.

Las consecuencias de no aplicar políticas que solucionen los problemas ciudadanos empiezan a manifestarse. En materia social, el fracaso del ejecutivo es escandaloso, esta semana se ha hecho público el informe FOESSA 2025 encargado por Cáritas y las conclusiones son demoledoras.

Ha disminuido el número de familias de clase media que se han empobrecido, pasando a ser clase baja, casi 4,5 millones de españoles están en situación de exclusión severa y casi la mitad de las personas que viven en régimen de alquiler están en riesgo de pobreza.

Es muy grave que durante su mandato se haya deteriorado la cohesión social y el bienestar. Pero, la única reacción del Gobierno ha sido correr hacia adelante, aferrándose al poder, incapaz de dar solución a los graves problemas que tiene el país.

Pedro Sánchez interpuso una moción de censura a Mariano Rajoy justificándola en los casos de corrupción por los que estaba juzgándose a varios dirigentes populares. En este momento, Sánchez tiene a dos secretarios de Organización investigados judicialmente, uno de ellos en prisión, los hombres de confianza que le llevaron a la secretaría general del PSOE cuando se enfrentó a Susana Díaz en elecciones primarias.

El Tribunal Supremo también ha detectado indicios de financiación ilegal del PSOE que, de ser probados, cerrarían el ciclo de Sánchez como el de la corrupción en su entorno más próximo.

El deterioro también afecta a las más altas instituciones del Estado, el fiscal general del Estado está en el banquillo y se le juzga por delitos que conllevan la pena de prisión, algo inédito en Europa.

No es el único procesamiento que salpica al líder socialista. El candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también está siendo procesado en la causa que afecta a su hermano y las investigaciones sobre las actividades de Begoña Gómez van alcanzando el punto de ebullición, de manera que en la Moncloa empiezan a temer que se produzca la imputación del propio presidente.

Con Pedro Sánchez han desaparecido las responsabilidades políticas, tan solo quedan las que se derivan de las decisiones judiciales, que también son cuestionadas cuando afectan a los intereses de Pedro Sánchez.

Poco queda del partido socialdemócrata que gobernó España bajo la batuta de Felipe González. El malestar interno de muchos militantes y ex dirigentes socialistas está decantándose por crear una corriente dentro de la organización, pero Sánchez ha ejercido su liderazgo con puño de hierro y control absolutista de todos los resortes internos.

El Partido Socialista no tiene prácticamente poder autonómico. Sánchez ha favorecido esa circunstancia, utilizando las elecciones regionales para el desahogo de los votantes enfadados y, a cambio, ha colocado a sus ministros al frente de las principales federaciones socialistas.

En su afán por el poder, tomó decisiones que menoscaban no solo la convivencia social y política, sino también la línea de flotación de la Constitución de 1978, como ocurrió con la ley de amnistía.

Toda la acción del Gobierno ha estado condicionada por los separatistas y, la mayor parte de las veces, al servicio de sus intereses. La polarización ha dividido en dos bloques no solo el escenario político, también ha alcanzado a los periodistas y medios de comunicación y a la sociedad en general.

El producto de esta estrategia ha sido el crecimiento de Vox, que no solo tiene los mejores resultados de su historia, sino que las expectativas son de seguir creciendo.

Para un votante socialista ya no quedan razones para seguir apoyando la candidatura de Pedro Sánchez. La legislatura ha estado secuestrada por el independentismo, a quien el líder socialista entregó los intereses del Estado cuando se negó a asumir que en julio de 2023 había perdido las elecciones.

Cuando un gobernante ningunea al poder legislativo, arremete contra el judicial e interfiere en los medios de comunicación, como intentó con el grupo PRISA, o cuando interfiere en el funcionamiento empresarial, como en los casos de Telefónica cuando forzó la marcha del anterior presidente para imponer uno de su confianza, o intervino en la OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell para satisfacer los intereses independentistas, se está saltando las reglas del juego democrático.

Cuando un gobernante no asume nunca responsabilidades políticas, los ciudadanos tienen derecho a opinar en las urnas.