El pasado miércoles se conoció la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de gran parte de su equipo de gobierno en el Ministerio por usar presuntamente sus influencias en el Ejecutivo para beneficiar a los clientes de su despacho Equipo Económico (EE).

En el auto, sobre el que se levantó el secreto de sumario tras años de investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, explica que ahora dirige el procedimiento contra todos los investigados por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.

De este modo, según el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el resultado de las diligencias practicadas pone de manifiesto la existencia de una organización que en la que "habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".

En este sentido, estos son todos los por ahora imputados del círculo de máxima confianza del exministro Montoro que, durante siete años, usaron presuntamente la política fiscal del país para sus propios intereses y beneficiar así a empresas gasistas, entre otras.

Quién es quién en el 'caso Montoro'

Cristóbal Montoro

Montoro fue socio fundador, presidente y consejero del despacho EE hasta abril de 2008. Posteriormente, ocupó el cargo de ministro de Hacienda (2011-2018) durante los años en que se tramitaron importantes normas legislativas.

Además, según el auto, Montoro habría utilizado sus competencias ministeriales para favorecer al despacho EE, al que estuvo vinculado previamente, facilitando reformas legislativas que beneficiaban económicamente a determinadas empresas privadas, en perjuicio del sector público.

Asimismo, se señala que nombró en altos cargos a personas con vínculos estrechos con EE, lo que habría permitido que proyectos legislativos y reglamentarios se redactaran según los intereses de ciertas mercantiles que pagaban por estos favores. Unos hechos que apuntan a un posible uso indebido de poder para beneficiar a actores privados vinculados con su antiguo despacho.

Miguel Ferre

Ferre fue Secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, nombrado a propuesta de Cristóbal Montoro. Durante su mandato, mantuvo vínculos con el despacho EE y con empresas relacionadas con este. Además, ocupó un cargo clave en la elaboración de anteproyectos de ley y reglamentos, teniendo capacidad decisiva para incorporar propuestas concertadas con compañías del sector gasista.

Según los indicios recogidos en correos intervenidos, su nombre aparece mencionado de forma recurrente en el contexto de negociaciones legislativas con estas empresas. Aunque inicialmente se mostró contrario a atender las demandas del sector, como lo demuestra una carta enviada el 16 de octubre de 2013 al Director General de la FEIQUE, cambió de postura meses después, coincidiendo con la contratación de EE por parte de las gasistas y la tramitación urgente de la Ley 28/2014. Además, se señala que Ferre se reunió con representantes del sector gasista poco antes del inicio del proceso legislativo, lo que refuerza las sospechas de posibles actuaciones concertadas.

Pilar Platero

Pilar Platero fue Subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, nombrada a propuesta de Cristóbal Montoro, aunque anteriormente fue consejera y administradora del despacho EE, cuyo presidente fue Montoro.

A Platero se le atribuye una participación relevante en los hechos investigados, al ocupar un cargo clave en la elaboración y coordinación normativa, lo que habría facilitado la inclusión de propuestas favorables a las gasistas en los textos legislativos. En este sentido, su responsabilidad incluía la supervisión de la Secretaría General Técnica, encargada de emitir informes normativos preceptivos.

Felipe Martínez

Martínez fue Subsecretario de Hacienda y Función Pública desde noviembre de 2016, tras haber sido Director de Gabinete de Cristóbal Montoro desde 2011, ocupando puestos de máxima confianza del ministro. En el 'caso Montoro' se le vincula por haber desempeñado un cargo decisivo en la tramitación de normas que habrían incorporado propuestas acordadas con empresas gasistas.

Diego Martín-Abril Calvo

Diego Martín-Abril fue Director General de Tributos entre 2012 y 2016, nombrado por Cristóbal Montoro. Se le atribuye una participación activa en los hechos investigados, al desempeñar un cargo clave en la incorporación de propuestas favorables a las gasistas en textos legislativos y reglamentarios, como evidencian correos intervenidos en la causa.

Además, fue interlocutor con la consultora Ernest&Young (EY) durante las gestiones de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) para modificar epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y participó en reuniones con altos cargos de la DGT y la Agencia Tributaria (AEAT) que buscaban evitar controles sobre el cumplimiento de requisitos legales por parte de las gasísticas en la reforma del Reglamento de los Impuestos Especiales (IIEE).

José Alberto García Valera

José Alberto García Valera fue Director General de Tributos entre 2016 y 2018, nombrado por Cristóbal Montoro en sustitución de Diego Martín-Abril. Ocupó un cargo clave en la incorporación de propuestas legislativas favorables a las gasísticas, como evidencian los correos intervenidos.

Durante su mandato, se aprobó la reforma de la Ley General Presupuestaria que modificó los epígrafes del IAE, cambio que se hizo viable tras la intervención del despacho EE. Además, en 2018, tras dejar el cargo, fue contratado como socio por EY, la consultora implicada en los hechos investigados; un hecho que generó polémica y repercusión mediática.

Óscar del Amo

Del Amo fue Subdirector General de Tributos Locales desde 2011 y desempeñó ese cargo durante los mandatos de Diego Martín-Abril y José Alberto García Valera. Se le atribuye una participación activa en los hechos investigados al haber ocupado un cargo decisivo en la incorporación de propuestas legislativas favorables a las gasistas, como muestran correos intervenidos.

En este sentido, del Amo firmó una consulta vinculante cuya posterior modificación derivó en la contratación del despacho EE. Según los indicios, mantuvo reuniones con empresas gasistas, inicialmente rechazando sus propuestas, pero tras la intervención de EE, facilitó la reforma legal deseada. Los correos revelan que recibió y revisó directamente los textos redactados por las gasistas, participando en su redacción y validación, lo que sugiere una actuación al servicio de intereses privados en perjuicio del interés público.

Rogelio Menéndez

Rogelio Menéndez fue asesor del Gabinete del Ministro de Hacienda entre 2013 y 2015. Participó en una reunión clave el 4 de marzo de 2014 entre el ministro Cristóbal Montoro y representantes de la AFGIM, lo que según el auto indica que tenía conocimiento directo de los motivos, participantes, resultados e implicación del ministro en el asunto tratado. Su intervención sugiere un posible conocimiento detallado de las gestiones relacionadas con las reformas normativas investigadas.

José María Buenaventura

Buenaventura fue Director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, nombrado por Cristóbal Montoro. En 2014, participó en una reunión con representantes de las gasistas en la sede del Ministerio de Hacienda, donde se les solicitó colaboración para redactar un artículo legal que las beneficiaría. Además, el auto ha constatado que recibió retribuciones tanto del despacho EE como de empresas vinculadas a este, lo que refuerza su posible implicación en los hechos investigados.

Santiago Menéndez

Santiago Menéndez fue Director General de la Agencia Tributaria desde junio de 2013 hasta su cese en 2018, nombrado también por Cristóbal Montoro. Ocupó este cargo durante los dos periodos en los que la AFGIM contrató al despacho EE. Además, se ha documentado que recibió dinero de EE en 2010 y 2011, lo que plantea dudas sobre su imparcialidad y posible vinculación con los hechos investigados.

Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruíz Gallud y Francisco de Asís Piedras Camacho

Según el auto, durante el periodo analizado los arriba expuestos, los socios y administradores de derecho de EQUIPO ECONÓMICO, habrían utilizado su influencia en el Ministerio de Hacienda a cambio de retribuciones económicas, para promover modificaciones legislativas favorables a los intereses de sus clientes. Unos hechos e indicios apuntan a una posible instrumentalización de su red de contactos y vínculos con altos cargos públicos para beneficiar a terceros en perjuicio del interés general.

Covadonga Gómez Garrido

Según detalla el auto, Gómez Garrido trabajó en el departamento de administración del despacho EE, encargándose de la facturación y reclamación de pagos; y entre 2009 y 2017 recibió ingresos de varias empresas vinculadas a los socios del despacho.

Además, fue apoderada o representante en casi todas las sociedades presuntamente instrumentales creadas por estos, percibiendo retribuciones de cada una de ellas. Mientras, algunas de estas sociedades se domiciliaron en el lugar donde ejercía su labor profesional y, en algunos casos, incluso en su domicilio personal, lo que refuerza su papel central en la gestión administrativa de la red empresarial vinculada a EE.

Finalmente, el auto también señala a las personas jurídicas AIR LIQUIDE ESPAÑA, ABELLO, MESSER, PRAXAIR (NIPON GASES), SOC ESP CARBUROS METALICOS y AFGIM, así como a sus representantees legales (14 personas) a los que el auto señala por haber aceptado abonar a EE "el precio solicitado por la organización investigada para obtener las reformas en el IEE e IAE" para obtener intereses a su favor.