Rajoy remitirá en julio al Congreso la reforma de la ley del aborto

El Gobierno empieza a mover su agenda política tras las elecciones europeas del pasado domingo. En las últimas semanas la economía ha mandado en el orden del día del Consejo de Ministros y continuará haciéndolo, pero dejando hueco para que entren otros compromisos que también iban en el programa electoral del PP y que tienen un perfil mucho más político. En más o menos un mes, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo remitirá al Congreso de los Diputados la nueva ley del aborto. La polémica, bajo la agitación de la izquierda y la revuelta también de algunos propios, ha acompañado a este proyecto legislativo desde el primer momento. Hasta el punto de que el PSOE ha intentado convertirlo en uno de los ejes de la campaña electoral de su candidata a las europeas, Elena Valenciano. El resultado ya es conocido: ni la bandera del aborto ni tampoco la del machismo sirvieron para amortiguar el varapalo electoral que el PSOE recibió en las elecciones del 25-M, como también tuvo su parte de castigo el PP.

Según confirmaron fuentes solventes a este periódico, el Gobierno prevé tener en su poder el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya entrada la segunda quincena de junio. Y a partir de ahí, en dos semanas, más o menos, para finales de junio o ya principios de julio, será aprobado por el Consejo de Ministros y remitido, por tanto, al Congreso para que comience su tramitación parlamentaria, primero en ponencia y luego en comisión, antes de llegar al Pleno. Estas dos semanas añadidas de plazo las dedicará a estudiar las propuestas del CGPJ y de otros órganos consultivos y decidir qué cambios introduce en el texto.

Oficialmente, el mensaje es que se estudiarán detenidamente todas las recomendaciones recibidas. Pero los comentarios «off the record», terreno en el que se atreven a ir un poco más allá, trasladan la sensación de que el Gobierno está dispuesto a tomar muy en cuenta las enmiendas planteadas a los puntos más polémicos, como la malformación del feto, para corregirlos o modularlos «sin tocar la esencia del proyecto, pero de tal manera que el gesto en favor del consenso y el acuerdo sea claro y contundente». Ya no tanto porque en Moncloa confíen en que si ceden hay margen para el acuerdo con el PSOE o con la izquierda –«no dejarán la pancarta», sostienen–, si no, principalmente, para intentar recuperar la unidad interna en la defensa de una reforma que fue uno de los estandartes de la política de oposición de Rajoy en la pasada legislatura.

Las señales que ha salido desde el CGPJ han dejado ya en el Gobierno el mensaje de que la mayoría se inclina por corregir algunos de los puntos esenciales de la reforma, entre ellos el citado sobre la regulación que afecta a las malformaciones del feto. El Gobierno estudiará el pronunciamiento del CGPJ y dice que hará «el máximo esfuerzo» para conciliar sus propuestas con el espíritu de la ley y su iniciativa política. De momento, la parte que se ha conocido sobre uno de los informes que servirán de base para el pronunciamiento del máximo órgano del Poder Judicial incluye la recomendación de que se incorpore como supuesto legal de aborto la anomalía fetal incompatible con la vida. Esto, de ser aceptado, supondría incluir expresamente ese supuesto a los dos ya reconocidos en el anteproyecto, la violación y el grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre. Y seguiría permitiendo, como reconoce el proyecto del Gobierno, que, en el caso de malformaciones graves que no llegan a ser incompatibles con la vida, tenga que acreditarse que proseguir con el embarazo es un grave peligro para la salud psíquica de la mujer. El Ejecutivo no descarta hacer cambios en esta dirección.

Este primer informe del CGPJ elaborado por Carmen Llombart, vocal conservadora elegida a propuesta del PP, enmendaba también la propuesta de que los dos médicos que deben acreditar el supuesto legal de aborto trabajen en un hospital o clínica distintos del que va a practicar la interrupción de embarazo. E incluía una condición para avalar la extensión del derecho a la objeción de conciencia a todos los profesionales sanitarios que se ven implicados en un aborto: la de que se garantice que en todos los centros, públicos y privados, autorizados para la interrupción del embarazo haya personal cualificado para llevarla a efecto. El Gobierno se inclina por tomar también en cuenta estas consideraciones.

Tras la aprobación del anteproyecto, Justicia lo remitió a una treintena de organismos consultivos y entidades médicas para que le presentasen sus correspondientes alegaciones. Entre ellos, el CGPJ, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y colectivos feministas y antiabortistas. El Gobierno está también a la espera de recibir en las próximas semanas los citados informes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.

Asimismo, tras la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros a finales de diciembre, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ofreció a los barones del PP analizar de forma conjunta el contenido del texto. Respondía así a los desmarques de algunos dirigentes territoriales, en buena parte por miedo al coste electoral.