Rajoy tiende puentes con Duran a través de cuatro ministros

«El Gobierno no puede dejar caer a Cataluña. Mas incumple, pero hay que buscar una salida por sentido de Estado». Así resume un ministro del Gobierno lo que de verdad se esconde detrás del aparente cortejo entre la Generalitat y Madrid. Escuchando a las dos partes de manera no oficial, este cortejo tiene más de espejismo interesado, y alimentado sobre todo por el interés particular de la Generalitat, que de realidad.

La relación institucional de Moncloa con la Generalitat sigue siendo prácticamente igual de débil que desde la ruptura preelectoral. No hay canales sólidos de contacto más allá de las conversaciones que, de vez en cuando, mantienen el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, y el ministro de Economía y de Competitividad, Luis de Guindos. Y lo mismo puede decirse de la relación de Mas-Colell con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Lógicamente, con Hacienda el conceller catalán sí tiene un diálogo permanente, pero es el obligado, el impuesto, y su trato personal con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no es nada bueno.

Sí funciona mejor la relación del Gobierno con la delegación de CiU en Madrid, es decir, con el portavoz, Josep Antoni Duran i Lleida, y con otros diputados, como Josep Sanchez i Llibre. En realidad, más que con CiU es con Unió. Según fuentes gubernamentales, estos vínculos se han estrechado últimamente y todas las cuestiones que se quedan en ellos acaban siendo arregladas de manera satisfactoria. Del Gobierno, Duran tiene sobre todo relación con la vicepresidenta, así como con Guindos y los ministros de Energía, José Manuel Soria; y de Exteriores, José Manuel Margallo, respectivamente. Pero deducir de esto que ya están puestos los mimbres para recomponer la relación con Mas y hacer que vuelva al buen camino es bastante voluntarioso.

En Moncloa advierten, por ejemplo, de que no se dan en ningún caso las condiciones para que el presidente del Gobierno acepte la exigencia de Mas de una entrevista secreta. Dicen, también, que aunque hay disposición al diálogo y a tender puentes, el escepticismo sigue presente porque en su análisis la soledad y la debilidad de Mas no se ven todavía como razones que obligatoriamente le lleven a una rectificación y a su renuncia al proyecto soberanista.

Entonces, ¿por qué el Ejecutivo está dando la sensación de que rebaja la presión, de que se hacen renuncias en las exigencias a Cataluña? Pues la respuesta oficiosa es que la situación es límite, que la amenaza de quiebra es un hecho, y que esto ha obligado a aflojar la cuerda, asumiendo, a cambio, el duro coste del desagravio que esto supone para otras comunidades autónomas. «Es razón de Estado», dicen, cuando se pregunta, por ejemplo, por la polémica decisión de Hacienda de abrir la puerta al déficit autonómico a la carta.

Al borde del precipicio

La Generalitat ha llegado al borde del precipicio y se atreve aún a moverse con la ligereza de quien sabe que el Gobierno no puede dejarla caer por el riesgo sistémico –siguiendo la línea argumental europea– que representa para el conjunto. A partir de ahí, hay una pregunta muy pertinente para aclarar qué está pasando: ¿se están siguiendo los cauces previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para el caso de incumplimiento de los objetivos de una comunidad? Evidentemente, la respuesta es «no». Pero no porque el Gobierno esté pactando con Mas, sino porque el Gobierno tiene miedo de que Mas quiebre, precisan fuentes populares. Ayer se conoció, por ejemplo, que la Generalitat debe 7,7 millones a los servicios de inserción laboral para discapacitados. Una gota, en cualquier caso, en el océano, teniendo en cuenta que la deuda de Cataluña es la más alta de todas las autonomías (suma el 30 por ciento del conjunto). La siguen Valencia y Castilla-La Mancha.

El Gobierno está en medio de dos frentes. Porque si, por un lado, está la presión autonómica; por otro, sin embargo, está la de las autoridades comunitarias para que continúe por la senda del déficit comprometido. «Apagar el fuego catalán exige encender varias pequeñas fogatas y de la gestión depende que no se acaben convirtiendo también en fuegos», precisa un miembro del Consejo de Ministros.