PP y Cs remiten a los máximos líderes de la UE las quejas judiciales e institucionales sobre la amnistía

La delegación española del PPE en el Parlamento Europeo, junto con la delegación española de Renew (Ciudadanos), han remitido hoy a los principales dirigentes de la UE una carta con todos los comunicados oficiales desde el ámbito judicial y la función pública que se han emitido en España contra el acuerdo entre el PSOE y Junts. Tras enviar la carta, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido que “en España nos enfrentamos al principio del fin del Estado de Derecho y contamos con las instituciones europeas como espacio de democracia y libertad para frenarlo, como ya han hecho antes en otros países".

En concreto, se ha remitido dicha carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; al vicepresidente de la Comisión Josep Borrell; el vicepresidente Margaritis Schinas; a la vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová; al de Justicia, Didier Reynders; a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager; y a los 27 embajadores de oficinas de representación permanente.

Una era de "desestabilización"

Los eurodiputados explican que “el acuerdo firmado el 9 de noviembre de 2023 entre el PSOE y Junts marca el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. “Accediendo a las exigencias del movimiento independentista catalán, Sánchez se ha comprometido a introducir una ley de amnistía a cambio de los 7 votos del partido de Carles Puigdemont. El objetivo, advierten, es revocar procedimientos judiciales pendientes y sanciones contra aproximadamente 3.000 personas, que abarcan delitos cometidos desde hace una década a la actualidad y que incluyen actos de corrupción y terrorismo”. “Además, el acuerdo también hace referencia a la creación de comisiones parlamentarias para investigar si se ha producido "lawfare" o judicialización de la política, con poderes para investigar acciones judiciales. Supone someter los procedimientos y decisiones judiciales a control parlamentario con evidente injerencia en la independencia judicial y separación de poderes”.

En dicho texto, advierten de que "todas las asociaciones españolas de jueces, desde las más progresistas a las más conservadoras, emitieron un comunicado conjunto para rechazar las referencias a la "lawfare o judicialización de la política" y sus consecuencias. Reconocen que el acuerdo supone una clara injerencia en la independencia judicial y vulnera el principio de separación de poderes”.“Las asociaciones de fiscales también han emitido comunicados, rechazando la mención al "lawfare" y la creación de comisiones parlamentarias para investigar los procedimientos judiciales, ya que esto pervertiría por completo el sistema constitucional de separación de poderes”.

El Consejo General del Poder Judicial, que ya se había pronunciado contra la ley de amnistía, recuerdan que también expresó su preocupación por el acuerdo. En su comunicado, inciden en que el acuerdo "implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la competencia exclusiva de nuestros Tribunales,que, por otra parte, entendemos fueron tomadas de forma plenamente conforme a la legalidad vigente en cada momento".

También recuerdan que diversas asociaciones profesionales, entre las que se encuentran operadores de justicia, inspectores de Hacienda y Seguridad Social, colegios de abogados, letrados, procuradores, constitucionalistas, etc. colegios de abogados, abogados, procuradores, catedráticos de derecho constitucional, Tribunal de Cuentas y otros funcionarios de la administración, han manifestado rápidamente su preocupación por la gravedad de los asuntos expuestos en el acuerdo.

Por todo ello, el PP y Cs en el Parlamento Europeo piden a la Unión Europea que "salvaguarde los principios y valores fundacionales y tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho en virtud de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea”, concluyen.