El reparto de los menores migrantes llegará al Congreso

Es uno de los principales retos derivados de la crisis migratoria en las Islas Canarias: el espectacular aumento de llegadas de menores no acompañados (mena). El archipiélago, que este año está registrando cifras récord de pateras, tutela en estos momentos a 4.391 niños y adolescentes, más del doble de los que tenía a su cuidado antes del verano, y lleva años reclamando una reforma legal que obligue al Estado y  al resto de autonomías a compartir esa responsabilidad porque los mecanismos voluntarios de solidaridad no han funcionado.

Con esta reclamación acudió el gobierno canario ayer a la Conferencia Sectorial de Inmigración, impulsada por la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Pese a que la competencia sobre menores migrantes que viajan solos corresponde a las comunidades –la de los adultos al Estado- y en esta sectorial no puede acordar ningún reparto porque se hace en la de Infancia, este complejo asunto sobrevoló la reunión con las comunidades. De hecho, tras la sesión de trabajo, la ministra anunció que el compromiso del Ejecutivo de impulsar las modificaciones normativas necesarias para que  «las competencias sobre menores extranjeros no acompañados dejen de ser responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan», tal como recoge el acuerdo alcanzado entre PSOE y Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Sin embargo, no será fácil. Los detalles no están claros y parece ser que pasaría por una reforma de la Ley del Menor que permitiese al Estado intervenir para lograr un reparto más equitativo de los menores extranjeros. En la actualidad, las competencia sobre infancia y adolescencia corresponden en exclusiva a las consejerías del ramo de cada territorio, por lo que, si no hay acuerdo de las demás, es la comunidad autónoma a la que estos menores llegan la que asume su tutela. Con todo, la ministra advirtió que el Gobierno promoverá «los trabajos para iniciar esta reforma» legal, tal como especifica el Pacto, pero señaló que como toda ley, la norma «deberá contar con el apoyo suficiente en Congreso y Senado para salir adelante». Además, anunció que en el próximo semestre se reformará el Reglamento de Extranjería para reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes.

A pesar de las buenas intenciones, varias comunidades, entre ellas Madrid, Murcia, Canarias o Andalucía afearon ayer al Gobierno la falta de información y la concreción de un compromiso de financiación para los traslados y acogida de menores. Asimismo, reclamaron una mayor coordinación y compromiso. Es por ello que reclamaron Conferencia Intersectorial entre la sectorial de Infancia y la de Inmigración con el fin de implicar a todos los agentes.