A pesar de todo el ruido y la marejada, el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y de las ciudades autónomas continúa su curso. Ayer, Canarias, Ceuta y Melilla solicitaron al Gobierno de Pedro Sánchez que declare la contingencia migratoria en sus territorios para, así, activar el traslado de estos menores a otros territorios.

Eso sí, todo sucede frente al amplio rechazo de la mayoría de las Comunidades Autónomas y con profundos reproches cruzados entre el Ejecutivo y el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo critica que el Gobierno impone el reparto y excluye a Cataluña y a País Vasco, mientras que Moncloa responde acusando de racismo a los populares y advirtiendo de que la ley hay que cumplirla. Si no, intervendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el real decreto que fija la capacidad de acogida que tiene cada comunidad autónoma, calculando una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Ello permite saber el nivel de carga de cada territorio y proceder a un reparto según esos parámetros. Además, activaba ya la posibilidad de que los territorios pidan la declaración de contingencia a partir de ayer.

El siguiente paso es que el Ministerio de Juventud de Sira Rego apruebe la declaración, pero en los casos de Canarias, Ceuta y Melilla se da prácticamente por descontado. En Canarias, que según el real decreto tiene 737 plazas, hay actualmente más de 5.000 menores migrantes no acompañados, hacinados y en pésimas condiciones en los 80 centros repartidos por el archipiélago. La reubicación permitirá trasladar a 4.000 de estos menores a otros territorios.

Ceuta acoge actualmente a 500 menores, a pesar de que tiene una capacidad total de 27 plazas. La ciudad autónoma, presidida por Juan Jesús Vivas, fue el primer territorio gobernado íntegramente por el PP en solicitar la declaración de contingencia migratoria. Horas después, en la tarde de ayer, le siguió Melilla, gobernada por Juan José Imbroda, también del PP.

El hecho de que sean territorios gobernados por el PP los que solicitan la declaración va a dar alas al argumentario del Gobierno, que criticará a Génova por entorpecer un reparto que viene bien a sus territorios, igual que lleva años aprovechando que el PP vicepreside el Gobierno de Canarias, absolutamente a favor del reparto.

Pero pedir la declaración de contingencia no compra al completo la versión del Gobierno. El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, criticó ayer que la cantidad de 900.000 euros destinada por el Ejecutivo a Melilla para atender a los menores "sigue siendo insuficiente". Marín criticó la "doble vara de medir" del Gobierno de Pedro Sánchez por excluir a Cataluña y País Vasco del reparto (según los cálculos del Ejecutivo, ya hacen un esfuerzo de acogida suficiente) y tildó de "despropósito" la política migratoria del Gobierno. Ha reprochado que Moncloa no haya dotado a las comunidades autónomas "de los recursos materiales y económicos necesarios para atender esa exigencia".

Enfrentamiento con Baleares

Tras las peticiones de Canarias, Ceuta y Melilla, también podría llegar la solicitud de declarar la contingencia migratoria por parte de Baleares, aunque al cierre de esta edición todavía no se ha producido. Sin embargo, los propósitos de Baleares son distintos de los demás y no tiene intención de derivar menores, sino de no recibir más.

La comunidad autónoma acoge actualmente a 680 menores migrantes no acompañados y, según el reparto estimado en julio por el Ministerio de Juventud, le correspondería acoger a otros 49 procedentes de Canarias o Ceuta. Sin embargo, según el real decreto aprobado el martes en el Consejo de Ministros, Baleares cuenta con 406 plazas.

Es decir, Baleares supera actualmente el número máximo de menores que puede acoger según el Gobierno y, a pesar de ello, el Gobierno le va a mandar 49 más. Sin embargo, es prácticamente imposible que el Ejecutivo acceda a conceder la declaración de contingencia migratoria para Baleares porque esta sólo se aplica a territorios que tripliquen su capacidad de acogida. En el caso de Baleares, tendría que tener más de 1.200 menores para que se la concedieran, y ese no es el caso.

Mientras que las autoridades de las islas denuncian la imposición de tener que recibir más menores cuando ya superan su capacidad, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tildó de "sinsentido" que el Gobierno balear se oponga al reparto de menores porque es una medida que pueden acabar necesitando en un futuro próximo, con las llegadas aumentando por esa vía, aunque todavía no alcance la cifra para solicitarlo.

Pero esta visión no convence a Baleares, que ha recurrido la distribución de los menores ante el Tribunal Constitucional. En total, son once las comunidades autónomas que han recurrido la medida. Son la mayoría, y todas ellas del PP, exceptuando Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE y que también lo rechaza. A pesar del recurso, en el partido de Alberto Núñez Feijóo aseguran que ellos van a cumplir la ley, aunque no les guste, y que van a atender a los menores.