La Ley de Memoria Democrática ha sufrido un duro revés. El juzgado de instrucción número 18 de Barcelonaha rechazado investigar las torturas de la policía a un sindicalista en la comisaría de la ViaLaietana de la ciudad condal porque considera que los hechos están “prescritos y amnistiados”. La Fiscalíaya haanunciado que recurrirá la decisión, al igual que la Generalitat, que intervenía como acusación popular.

El auto de la titular del juzgado, Carmen García Martínez, ha acordado no admitir a trámite la querella por torturas. La magistrada, además, ha considerado que los hechos no constituyen un delito de lesa humanidad.

La querella la presentó Carlos Vallejo contra seis agentes de la policía franquista. Eldenunciante fue detenido en dos ocasiones a principios de la década de los setenta y asegura que entoncessufrió torturas en la Jefatura de ViaLaietana, como represalia por su actividad política y sindical.

El pasado mes de junio, la fiscal del juzgado en el que recayó la querella ya había presentado un informe en el quese oponía a la admisión a trámite de la querella, bajo el argumento de que los delitos habrían prescrito y que la ley de amnistía impide investigarlos.

Sinembargo, la decisión fue revisada por la exministra de Justicia Dolores Delgado, que fue nombrada fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en junio. De acuerdo con la Fiscalía de Barcelona, decidió rectificar y pedir a la jueza instructora que abriera una investigación por estos hechos.

Fue algo inédito ya que era la primera vez que en España se invocaba la nueva Ley de Memoria Democrática para investigar los crímenes del franquismo. Desde el punto de vista de Delgado, esta norma impone al Estado el deber de investigar las violaciones de derechos humanos en la Guerra Civil y la dictadura, incluidos los crímenes de lesa humanidad y torturas.

Laresolución, que ha adelantado Libertad Digital, señala que tanto el delito de torturas comola imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad se introdujeron con posterioridad a los hechos quese detallan en la querella. La magistrada argumenta que los principios de legalidad penal y de irretroactividad de las disposiciones desfavorables y la vigencia de la Ley de amnistía “son obstáculos insalvables”.Y en todo caso, señala, aunque se aplicase la tipificación vigente en el Código Penal del momento en que se produjeron los hechos, estos habrían prescrito.