"La opción de nuestra sociedad es ser abiertos y prósperos". Con estas declaraciones sentenciaba el líder de los socialistas las acusaciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en relación al fenómeno migratorio que azota a España. Para respaldar las afirmaciones del jefe del Ejecutivo, el responsable de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalaba que la inmigración ilegal se había reducido un 30 % en números totales y que en Canarias más de la mitad de los cayucos habían cambiado su destino.

Con el rechazo de la petición del Govern de Marga Prohens para aplicar la contingencia migratoria en el ambiente del Congreso de los Diputados, ninguno de los representantes socialistas nombraron la oleada de cayucos que sufren las Islas Baleares desde la aprobación del reparto migratorio. Hasta el mes de julio, los cruces irregulares- en referencia al curso anterior- aumentaron un 11 por ciento, sin embargo, la llegada de la época estival ha multiplicado la actividad de las mafias.

Gracias a un informe de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Europa ha analizado las principales rutas migratorias utilizadas y ha señalado que en el último mes se han transportado más de 3.000 personas, lo que supone un aumento del 60% respecto al último registro presentado en el mes de agosto.

A gran escala, en los primeros ocho meses del curso, la llegada de inmigrantes a través de la ruta del Mediterráneo occidental ha aumentado en un 22%. En este sentido, las cerca de 12.000 personas que han atravesado las fronteras europeas de manera ilegal provienen en su mayoría de Argelia, que traslada al 90% de los inmigrantes.

El papel de las mafias africanas

El cambio de tendencia en España no se explica sin el descenso en la ruta de África Occidental, que ha visto rebajado su tránsito en un 52%. Europa señala que es la ruta con una mayor caída en el continente, superando a los Balcanes.

Además, Europa señala que las redes que operan en Marruecos y Argelia ofrecen varias opciones para los migrantes que oscilan entre los 900 y los 20.000 euros y avisa de los polizones con antecedentes penales infiltrados en los cayucos. El informe detalla que se han "multiplicado las tácticas" para burlar a las autoridades del país de origen y "permitir que personas con intenciones maliciosas entren en la Unión Europea sin ser detectadas".