Se hablan, pero no se entienden. Después de casi 16 meses sin ningún tipo de interlocución Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han retomado cierto nivel de comunicación, aunque todavía diste del que requeriría la mínima normalidad institucional. Han tenido que acontecer tres eventos extremos: la embestida arancelaria de Donald Trump, la muerte de un Papa y un apagón histórico en España para que, a regañadientes, el presidente del Gobierno haya tomado la iniciativa y se avenga a reconocer el papel del principal partido de la oposición.

Hasta ahora se le había negado toda legitimidad. Una reunión en Moncloa, una invitación a conformar la delegación española que viajó al Vaticano y una llamada tras el restablecimiento de las comunicaciones ibéricas no han servido, sin embargo, para acercar posturas. El próximo jueves, el PP votará en contra del real decreto antiaranceles en el Congreso. Se disipó el espejismo. Se acabó la ficción de aquellos que pensaban que dos interlocutores taimados, alejados de la confrontación política, Carlos Cuerpo y Juan Bravo, podrían rubricar una entente contra natura.

Ya antes de que España se fundiera a negro durante medio día, el PP puso encima de la mesa el fin del desmantelamiento de las nucleares como condición para apoyar el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial frente a la guerra arancelaria. La exigencia, «extemporánea» para el Gobierno, por no tener nada que ver con la negociación económica, obedecía, sin embargo, a decisiones sobre las que ya estaba avanzando el Ejecutivo.

El 22 de abril, mientras Sánchez acaparaba todos los focos con el anuncio de que inyectaría más de 10.400 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en gasto en Defensa comprometido con la OTAN, el Consejo de Ministros aprobaba iniciar el cierre de la central nuclear de Almaraz. De hecho, a Juan Bravo el apagón del lunes le pilló en una visita institucional a esa central. En este contexto, Feijóo se abraza a las nucleares y a las tesis de aquellos expertos que no consideran recomendable, visto lo acontecido, prescindir de energías más estables ante los riesgos que la excesiva producción de renovables pueden aportar al sistema.

Ante la falta de certezas o precisamente por ello, Sánchez ha decidido colocar en la diana a las eléctricas y a las nucleares. Unas no son de fiar y hay que fiscalizarlas, incluso movilizando al CNI en sus instalaciones, y las otras son un «problema». Y ambas cuestiones, en su relato de la demonización, las identifica con el PP. En el Gobierno salieron ayer a las calles por el 1 de mayo clamando con un mensaje «a todos los fachas y a todos los ultras de este país», (Óscar López dixit). Con la excusa de dirigirse a los suyos y, por extensión a toda España gracias a su oportuna distribución, Sánchez remitió una carta a la militancia socialista en la que atacaba al PP por oponerse al decreto antiaranceles.

El Gobierno no necesita a Feijóo para sacar las medidas adelante, prefiere quedar en manos de Pablo Iglesias, habida cuenta que Podemos es, a día de hoy, el reactor más inestable de la legislatura. No buscará sus votos ni negociará con vocación de acuerdo, porque se siente más cómodo en la negativa del principal partido de la oposición que concitando su apoyo. Sin que, aparentemente, la aprobación del decreto peligre, que los populares se ubiquen en el «no» le permite a Moncloa colocarles con Vox y junto a Trump. La maquinaria socialista ya ha puesto el argumentario a funcionar y ayer todos los ministros y cargos con un micrófono delante pregonaron que el PP es un partido carente de sentido de Estado y preocupado por defender los intereses de los de «arriba» –frente a los de abajo–. «El lobby de las nucleares», llegó a decir López.

El presidente tampoco pierde ocasión de ligar una cosa con la otra y endosa a los populares «el total sometimiento al interés de determinadas grandes empresas, llegando a anteponer la voluntad de esas grandes empresas a la prosperidad de la economía española». Pero mientras Sánchez mira a una «oposición destructiva y carente de soluciones de la derecha», en su gobierno, Yolanda Díaz clama por la intervención del mercado eléctrico en respuesta al apagón del pasado lunes. La coordinación vuelve a irse a negro.