Los incendios forestales se han cobrado un total de 8 víctimas mortales, varios heridos y casi 400.000 hectáreas de terreno devastado, una cifra que quintuplica la superficie media anual quemada entre 2006 y 2024.

También las pérdidas económicas son cuantiosas. Se calcula que los daños directos ascienden a más de 10.000 millones de euros, si además se incorporan los indirectos, la cifra alcanza los 71.000 millones de euros.

Por sectores, la agricultura y la ganadería han perdido cultivos, cabezas de ganado y pastos, los apicultores cifran la destrucción de colmenas en más de 6.000 y el turismo ha visto como se cancelaban trenes, afectando a más de 100.000 viajeros.

Los datos son tan contundentes que el Ejecutivo debería haber creado un gabinete de crisis interministerial no solo para hacerse cargo de la situación de emergencia nacional, cuestión que corresponde a Interior, sino para limitar los efectos en la vida de muchos miles de ciudadanos que han perdido todo o parte de su patrimonio y establecer un plan estratégico de recuperación económica en los sectores más afectados.

Las salidas de tono han ocupado la mayor parte de las intervenciones políticas. Comenzó el ministro Óscar Puente, lanzando un dardo contra los presidentes de Andalucía y Castilla y León por encontrarse de vacaciones en los primeros días de los incendios.

Lástima que las tareas de oposición del ministro le impidan atender sus obligaciones. El desastre en la gestión de ferrocarriles, tanto cercanías como alta velocidad, en su mandato ha sido la peor que se recuerda.

También ha resultado indignante que Puente, que debe dedicar el 75% de la jornada a escribir en redes sociales, no haya tenido unas palabras de afecto y despedida para Javier Lambán, fallecido hace unos días.

Más locuaz se ha mostrado a la hora de insultar a los que discrepan de las políticas y estrategias de Sánchez y su camarilla, como, por ejemplo, cuando llamó resentidos a algunos líderes socialistas como Madina, Page o el propio Lambán.

El Gobierno se ha inhibido de actuar en los incendios, no quiso declarar el estado de emergencia, cuando podía y debía hacerlo, al amparo de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de 9 de julio de 2015.

Prefirió mantenerse al margen, a sabiendas de que la crisis era nacional y que su extinción superaba los recursos de que disponen las comunidades autónomas. De tal magnitud ha sido la catástrofe que ha sido necesaria la ayuda internacional que ha sido prestada por siete países europeos.

El ministro Marlaska, sin embargo, lo dejó claro, no estaba en su mesa la declaración del estado de emergencia. La vicepresidenta María Jesús Montero, la nota folclórica del Ejecutivo, hizo lo que se podía esperar de ella, atacar a Moreno a cuenta de sus vacaciones. El futuro no es más prometedor. La recuperación va a ser difícil y los efectos van a alcanzar a distintas esferas de la vida. Por ejemplo, en materia de empleo se han perdido numerosos puestos de trabajo que no van a poder ser recuperados a corto plazo.

Por eso, llama la atención la interrupción de las vacaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, para entrar de lleno en la crisis, protagonizando algunos titulares. Desde la polémica acerca de su curriculum inflado, Díaz había optado por mantenerse alejada de las cámaras, pero su retorno a la actividad mediática ha sido de una enorme torpeza, apareciendo en una manifestación denunciando la actuación de la Xunta de Galicia en la gestión de los incendios y la gestión privada de los servicios contra incendios.

Más allá de que precisamente en Galicia los servicios de extinción son públicos, la obligación de los miembros del Consejo de Ministros es coordinarse y sumar esfuerzos con el resto de las instituciones, en este caso comunidades autónomas, para solucionar el caos.

El Gobierno es incapaz de gobernar en situación de normalidad, hemos sabido que el acuerdo para que haya presupuestos en 2026 está tan lejos que ni se le espera, pero la gestión de las crisis siempre viene con lodo, mentiras, acusaciones y escapismo de la responsabilidad.

Lo vimos con el Covid-19, en donde nunca se llegó a saber la composición del famoso comité de expertos que, presuntamente, tomó las decisiones, con el volcán de La Palma, que siguen sin recibir las ayudas, con la dana en Valencia, en donde se ha enmarañado todo para que resulte casi imposible determinar responsabilidades y, ahora, lo estamos viviendo con los incendios de este verano.

Sánchez, como el gran Houdini, ya ha encontrado una zanahoria con la que distraer a la opinión pública: el pacto de Estado por la emergencia climática.

Resulta grotesco que no se haya establecido un plan de prevención de lo que se denominan incendios de sexta generación, que no se reflexione acerca del desbroce de los montes, prohibido en la actualidad por un erróneo sentido de la protección ambiental y que no se dote de más recursos. En definitiva, ojalá hubiesen mantenido sus vacaciones los ministros, hubiera sido un favor a los españoles.