Sánchez ignora la desautorización de Bruselas sobre la malversación: "Hemos hecho los deberes"

La controvertida reforma del Código Penal que el Gobierno impulsó a finales de 2022 para derogar el delito de sedición y abaratar el castigo por la malversación tuvo un impacto relativo en la opinión pública, debido al escándalo generado por la cascada de rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales al amparo de la ley del "solo sí es sí". Sin embargo, esta tregua, que contribuyó a alejar la controversia del ciclo electoral que arrancará con las municipales y autonómicas en mayo y culminará con las generales en diciembre se ha visto interrumpida por la Comisión Europea.

Tras el escándalo del "Qatargate", en Bruselas se han propuesto endurecer las penas por malversación, una dinámica contraria a lo que ha ocurrido en España con la reforma del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y pretende impulsar una armonización penal en los estados miembros para que se adecúen a ello. Esto obligaría a impulsar una nueva reforma para elevar las penas de los delitos asociados a la corrupción que el Gobierno rebajó como gesto a sus socios de ERC. La Comisión Europea propone que los delitos de malversación en los Veintisiete sean castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, un castigo máximo que es superior a algunos tipos del nuevo Código Penal español.

Sin embargo, lejos de sentirse concernido, en Moncloa no consideran que esté recibiendo ninguna desautorización por parte de Europa respecto al delito de malversación. Tampoco aprecia ninguna "enmienda a la totalidad" de Bruselas a la reforma que se emprendió. Es más, Pedro Sánchez considera que la propuesta de la Comisión Europea, desvelada ayer, "coge a España con los deberes hechos", porque ya hizo su labor de armonización del Código Penal.

“Estamos en la fase inicial. Es una buena noticia que se armonice la legislación europea para luchar contra la corrupción. A España le coge deberes hechos. En la reforma incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no aparece en otros ordenamientos europeos”. En estos términos se pronunció el presidente del Gobierno en la comparecencia conjunta con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ambos compartieron tras reunirse en Moncloa y en la que el mandatorio español mostró su apoyo a las reformas que está emprendiendo su homólogo y al diálogo del Gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para conseguir lo que el presidente latinoamericano llama "paz total".