El abogado Benet Salellas, exdiputado de la CUP y que defendió al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart en el juicio del "procés" asumirá la defensa de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo (TS), donde el magistrado Leopoldo Puente le ha citado a declarar el próximo miércoles por su supuesta implicación en una trama de reparto de comisiones por adjudicaciones públicas que han puesto de relieve las conversaciones grabadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

Salellas estuvo personado también como defensa en la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, que finalmente se archivó tras haberla prorrogado fuera de plazo el juez Manuel García Castellón, ahora jubilado.

El cambio de abogado, adelantado por la cadena Ser y que ha podido confirmar este periódico, se produce después de que Gonzalo Martínez-Fresneda, que habitualmente representa al PSOE en procedimientos judiciales, renunciara a asumir la defensa de Santos Cerdán, que finalmente ha confiado su representación jurídica en el "caso Koldo" a Salellas.

Sustituye al abogado del PSOE en el "caso hidrocarburos"

Martínez-Fresneda, que ejerce la acusación popular en representación del PSOE en el "caso hidrocarburos", pidió personarse en el "caso Koldo" en defensa del exdirigente socialista después de que el instructor citara a declarar voluntariamente a Santos Cerdán (dada su condición de aforado, que ahora ha perdido tras renunciar a su acta como diputado) al conocerse el informe de la UCO que le relaciona con el supuesto cobro de comisiones por "amaños" en adjudicaciones de obra pública.

El prestigioso penalista llegó a pedir al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un millonario fraude en el sector de hidrocarburos, que acordara de nuevo el ingreso en prisión provisional del comisionista Víctor de Aldama, que quedó en libertad de forma inmediata después de su "confesión" ante el juez Ismael Moreno en el "caso Koldo" en noviembre del pasado año. Una comparecencia en la que señaló a ministros y altos cargos del PSOE, entre ellos el propio Santos Cerdán, por el presunto cobro de mordidas, unas acusaciones que según el letrado "no habían sido corroboradas con pruebas", por lo que instó su vuelta a la cárcel, medida que desestimó Pedraz.

En 2016, en el marco de una investigación en la Audiencia Nacional por injurias a la Corona contra cinco miembros de la CUP que quemaron fotos del Rey durante una manifestación con motivo de la Diada, Salellas y otros cinco diputados de la formación -entre ellos Anna Gabriel– se solidarizaran con sus compañeros y, en una rueda de prensa celebrada en el Parlament, les mostraron su apoyo rompiendo también fotografías con la imagen de Felipe VI. La CUP denunció entonces "un juicio político" y una "persecución" judicial a la libertad de expresión, negando a la Audiencia Nacional legitimidad alguna sobre "la soberanía del pueblo catalán".