El Supremo admite a trámite el recurso para corregir los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los policías

El pasado 5 de junio, la Cámara Alta aprobó por 147 votos a favor y 103 en contra, incluidos los del PSOE, una Proposición de Ley del Partido Popular, cuyo objetivo es incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dentro del listado de profesiones de riesgo en España. En concreto, la iniciativa, que modifica un decreto de la Seguridad Social, contó con los votos favorables de PP, Vox y UPN, mientras que PSOE, ERC, Bildu y Sumar votaron en contra. Junts y PNV, por su parte, se abstuvieron.

De este modo, el Senado seguirá con la tramitación de esta norma, que busca incluir a estos agentes, así como a los del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la "peligrosidad de su trabajo". Norma que ahora debe ser refrendada en el Congreso de los Diputados para que entre en vigor, donde también hay registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. Y aquí es donde Sánchez y sus socios de Gobierno tendrán la última palabra.

Porque desde el Ejecutivo, de momento, los agentes sólo han obtenido silencio. Precisamente, sobre ese silencio administrativo se ha pronunciado la Justicia. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo registrado por el sindicato Justicia Policial (Jupol), para corregir los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los policías nacionales. Es más, da un plazo de 20 días al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, para que remita el expediente administrativo correspondiente. En concreto, hace referencia a una solicitud sobre este asunto presentada por Jupol ante el Consejo de Ministros, que aún no ha sido contestada.

El Supremo da al Gobierno 20 días de plazo

De este modo, el Alto Tribunal "obliga" al Ejecutivo de Pedro Sánchez a dar una respuesta, aunque especifica que "contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante el Letrado/a de la Administración de Justicia, en el plazo de cinco días a contar desde su fecha de notificación".

Desde Jupol, su secretario general, Aarón Rivero, mostró su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo y abogó por el trabajo realizado por este sindicato, desde "diferentes frentes, de forma seria y sin demagogias, populismos ni falsedades". Hay que recordar que la Policía Nacional y la Guardia Civil son los únicos Cuerpos del Estado que no forman parte de la lista de profesiones de riesgo. Por este motivo, a diferencia de mossos, ertzainas, Policía Foral y policías locales, no se tiene en cuenta la "peligrosidad" de su trabajo y no se les aplica el coeficiente reductor de la edad de jubilación. A saber: desde enero de 2018 (año en que se firmó el mal llamado Acuerdo de Equiparación Salarial), hasta el día de hoy, un policía nacional jubilado habría perdido más de 75.000 euros con respecto a un mosso d´esquadra. Un hecho que, a juicio de Rivero, "resulta inaceptable y contradice la máxima de a mismo trabajo, mismo salario y misma jubilación".

Y es que esta discriminación provoca que un guardia civil o un policía nacional jubilado cobre hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico. ¿El motivo? Mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada (59 años) sin pérdida alguna de poder adquisitivo, un agente de la Policía Nacional sí sufre una merma en las retribuciones que percibe en su jubilación (en torno a 900 euros mensuales respecto a un ertzaina o mosso). En este punto, desde Jupol señalan su lucha por la equiparación en el Defensor del Pueblo. Tanto es así, que el pasado 1 de junio, esta institución informaba de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, había iniciado los trámites "para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social". Lo hacía a través de un escrito, rubricado por su adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril.