El Supremo apunta a las retiradas de efectivo de Ábalos y amplía la investigación a su etapa en el PSOE valenciano

El magistrado Leopoldo Puente enumeró este jueves una serie de indicios recopilados durante la instrucción del caso Koldo en el Tribunal Supremo que le llevan a centrar el tiro en José Luis Ábalos. El instructor se abrió a recabar información fiscal y bancaria del exministro socialista no solo porque así lo reclamó la Guardia Civil, sino porque sospecha que pudo retirar efectivo de sus cuentas bancarias para compensar a Koldo García, quien fuera su mano derecha en el Ministerio, por todos los gastos privados que éste asumió.

En su auto, Puente apuntó a lo "insólito" de que un asesor ministerial cubriera "gastos personales" que corresponden a su jefe. En concreto, puso como ejemplo el pago de los vuelos para su expareja Jesica Rodríguez o el traspaso de fondos a sus familiares. La Guardia Civil ha detectado transferencias de Koldo García a algunos de los hijos del ministro con conceptos como "pensión" o "regalo". Consta, de hecho, que entre agosto de 2018 (un mes después de aterrizar Ábalos en el Ministerio) y junio de 2021, uno de sus vástagos canalizó 15 traspasos de Koldo

"Parece más que razonable proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de las que el Sr. Ábalos Meco resulta o resultó ser titular al fin de comprobar si se han producido en aquéllas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan. Igualmente, deberán analizarse las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a don Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por éste al Sr. Ábalos Meco", reza el juez.

Los "insólitos" pagos de Koldo

El magistrado recordó que, de acuerdo con las declaraciones de testigos e imputados, los gastos que adelantaba Koldo los terminaba abonando Ábalos. También precisó que el exministro hizo pagos en metálico a Jesica, según dijo, para "ayudarla a pagar las rentas del piso en el que vivía alquilada y para que completara los estudios".

Sin embargo, la UCO, que dijo que ambos mantenían una "relación particular", dudó de la naturaleza de los pagos, puesto que ella se benefició económicamente durante la relación y también, tras dejarla. Consta acreditado que un socio de Víctor de Aldama costeó el alquiler de la vivienda de lujo en la que residió en Plaza de España, y, también, que mediaron para enchufarla en dos empresas públicas en las que estuvo en nómina casi tres años sin trabajar, según dijo ella misma.

Puente entiende que este trasiego de fondos hace necesaria una investigación de sus bienes a fondo. La Guardia Civil presentó hace apenas unos días su informe sobre una primera indagación en fuentes abiertas. De las mismas consideraron necesario recabar información bancaria y de Hacienda para poder acceder a su "patrimonio real". La UCO no solo investiga sus movimientos, sino el de su entorno más cercano y también de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso).

Aunque esta se disolvió en 2003, los agentes mantienen la lupa en la misma porque desde ella se compró una vivienda en Colombia y otra en Perú y porque por su patronato han desfilado familiares tan cercanos como su suegro o su exmujer Carolina, la cual dejó de ser vocal en 2019, coincidiendo con el inicio de su relación con Jesica. Del mismo modo también se indagará movimientos recientes, como el cambio de titularidad de una de las viviendas de la expareja en favor de la hija de ambos. Llama la atención que este cambio se hizo el 6 de febrero de este año, esto es, dos semanas después de que el Congreso diera luz verde al juez para investigarle.

El magistrado explica que las diligencias son "necesarias, útiles y proporcionadas" y que resulta "del todo preciso" ampliar las pesquisas hasta "varios años antes de que el Sr. Ábalos entrara en relación con Aldama y Koldo García". Así pues, la causa empezó con el foco puesto en el pelotazo de las mascarillas de pandemia, luego se amplió y se investigaron todas sus gestiones desde que llegó al Ministerio en 2018 y, ahora, se extiende el marco temporal desde 2014. En aquel momento Ábalos ejercía como secretario general de PSPV en la provincia de Valencia.

Investigación desde 2014

"Resulta preciso extender estas pesquisas desde el día 1 de enero de 2014 en la medida en que solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del Sr. Ábalos Meco, en relación con la mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, prima facie, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente del Sr. de Aldama", alega el instructor.

En ese sentido, el magistrado recuerda que la confesión del conseguidor del caso Koldo le pone contra las cuerdas. Aldama, que se prestó a colaborar con la Justicia desde su detención por el fraude de los hidrocarburos, ha asegurado que la trama cobró mordidas tanto de los beneficios obtenidos con el pelotazo por el contrato de mascarillas, como del presunto amaño de obras en el Ministerio de Fomento. De esto último dijo que los empresarios abonaron cerca de un 1% por obra adjudicada a empresarios amigos y que, según Koldo, parte del dinero fue al PSOE. La otra parte se la habrían repartido ellos.

"Afirmó también el Sr. de Aldama que vino realizando importantes entregas de dinero en metálico a razón de diez mil euros mensuales (además de otras cantidades variables) durante un prolongado período de tiempo al Sr. García Izaguirre, en el entendimiento de que éste las repartiría con el Sr. Ábalos Meco, llegando a afirmar el Sr. de Aldama que, en efecto, pudo ver personalmente en el despacho del Sr. Ministro, como su asesor repartía con él, en una ocasión, el dinero entregado, confirmándole éste, don Koldo García, que la entrega se había producido en otras muchas oportunidades", explica ahora el juez.

Ábalos, por su parte, denuncia que se está ante una investigación prospectiva y que los agentes erraron al valorar la casa de Colombia. En este último punto la UCO le ha tenido que dar la razón. Los agentes corrigieron su errata en un nuevo informe remitido al juzgado en el que explicaron que la vivienda no está valorada en 2,1 millones de euros, sino en 751 euros. El motivo de la equivocación reside en que interpretaron los 2,5 millones iniciales en dólares cuando, en relación, se referían a pesos colombianos.