José Luis Ábalos no podrá salir de España, deberá entregar su pasaporte y tendrá que comparecer en los juzgados cada 15 días. Así lo ha acordado el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de acusaciones del "caso Koldo", en una resolución en la que el magistrado considera la medida adecuada y proporcional para evitar el riesgo de fuga.

El instructor explica en su auto que no es razonable acordar medidas más gravosas, como la prisión provisional, puesto que ya compareció voluntariamente el pasado mes de diciembre. Ahora bien, entiende que "persisten los indicios de criminalidad" puesto que podría haber intervenido en la adjudicación de los contratos de pandemia a Soluciones de Gestión.

"Los resultados obtenidos de la investigación permiten afirmar que el asesor del aforado ante esta Sala, don Koldo García Izaguirre, intervendría activamente en la contratación y, al tiempo, realizaría operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización y en las que el aforado ante esta Sala, don José Luis Ábalos Meco, también habría podido intervenir utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado", reza el magistrado.

Aldama, "el denominador común"

Además, explica que "parece indiciariamente justificado" que se benefició económicamente con el pago por parte de Aldama de varias viviendas vinculadas a él y a su entorno. En concreto, Puente habla del alquiler que asumió la trama de la residencia de Jessica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos en pleno centro de Madrid; de la compra de un chalet en Cádiz donde éste veraneó tras la pandemia y, en tercer lugar, de una vivienda de lujo en el Paseo de la Castellana que le habría prometido Aldama a cambio de facilitar contratos de la Administración a empresas vinculadas a la trama.

"En definitiva, siempre desde el respeto al derecho constitucional a la presunción de inocencia del aforado, merece ser destacado que nada menos que tres inmuebles, vinculados al Sr. Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia, en los términos dichos, del Sr. de Aldama, beneficiado, como se ha dicho, por las comisiones generadas como consecuencia de las adjudicaciones que entidades dependientes del Ministerio del que el Sr. Ábalos era titular o vinculadas a él habían concertado con la empresa cuyos intereses económicos promovía el Sr. De Aldama", precisa el magistrado del alto tribunal.

La decisión del instructor se ha producido después de que el exministro socialista de Transportes haya comparecido por segunda vez en el alto tribunal como imputado -la primera desde que el Congreso de los Diputados concedió el suplicatorio que permite al Supremo actuar penalmente contra el que fuera secretario de Organización del PSOE- en el marco de la causa en la que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho y malversación por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

"Indicios de criminalidad"

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía defendió la adopción de medidas cautelares en la existencia de "indicios de criminalidad" contra el exministro. Una argumentación que intentó rebatir la defensa de Ábalos exponiendo la inexistencia de riesgo de fuga dado que por, su condición de diputado, acude regularmente al Congreso de los Diputados por lo que está permanentemente localizado, lo que disminuye esa pretendida probabilidad de que intentase sustraerse a la acción de la Justicia. Según defendió el fiscal, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales en el juzgado afectan mínimamente a su libertad ambulatoria.