El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado su ofensiva diplomática para que el martes los Veintisiete reconozcan el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en la UE. Uno de los principales argumentos, en un documento enviado a finales de esta semana a los socios europeos, ha sido comprometerse, una vez más, a que España sufragará el coste y que este no recaerá en las arcas comunitarias. Según una evaluación preliminar de Bruselas, España tendría que pagar 132 millones al año. Las instituciones europeas se comprometieron a un cálculo más detallado hace meses, que todavía no se ha producido. El Gobierno español tampoco ha presentado nuevas cifras.

Pero este compromiso levanta suspicacias. «No sabemos si un futuro Gobierno del Partido Popular puede negarse a esto en los próximos años», subrayan fuentes diplomáticas, que temen que este gasto acabe siendo costeado por los contribuyentes europeos. A pesar de esto, todas las fuentes consultadas aseguran que fijarán su posición definitiva la semana que viene y declinan anunciar si vetarán la propuesta.

En todo caso, resulta lógico que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometa a asumir el coste en un momento especialmente complicado para cuadrar las cuentas públicas comunitarias. Se espera que la Comisión Europea haga su propuesta para el próximo periodo presupuestario a partir de 2027 en el mes de julio.

Las espadas están en alto, ya que, además de seguir sufragando las habituales partidas comunitarias, hay que comenzar a devolver los préstamos y subvenciones de los fondos post–pandemia Next Generation EU. «Los países europeos no quieren incrementar sus aportaciones directas. Eso deja sobre la mesa tres posibilidades: o realizar recortes en los próximos presupuestos plurianuales, una nueva emisión de deuda o el debate sobre recursos propios. Mi opinión es que no debe haber tabúes en las discusiones», asegura un alto cargo comunitario.

El problema es que, al menos por el momento, los países europeos se han negado a una nueva emisión de deuda conjunta, tal y como sucedió para hacer frente a los estragos económicos de la pandemia. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, ha desoído, hasta ahora, la propuesta de Mario Draghi de un nuevo plan de 800.000 millones de euros anuales de deuda conjunta para impulsar la renqueante economía europea y recuperar el terreno perdido frente a Estados Unidos y China. Los países europeos también se han negado a sufragar con subvenciones a fondo perdido el nuevo instrumento para adquisiciones conjuntas de armamento bautizado como SAFE y que asciende a 150.000 millones de euros. La posibilidad de aumentar los recursos propios, para que la UE cuente con nuevos ingresos no dependientes de los países europeos, también resulta controvertida ya que supondría la creación de nuevas tasas o impuestos, como, por ejemplo, el impuesto al plástico, que entró en vigor en 2021. Por lo tanto, nadie descarta que en los próximos presupuestos plurianuales haya recortes frente al marco actual

o que sea necesario reorientar un número creciente de partidas.

Por eso Moncloa debe convencer a los socios europeos, antes de la votación de este martes, de que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego no les costará ni un euro. Ni en el presente ni en el futuro. En su última propuesta España baraja un reconocimiento en dos fases. A partir de 2027, tan solo se traducirían a estas lenguas los reglamentos del Consejo y de la Eurocámara, y se dejaría para un periodo posterior, cuatro años después, la traducción de todos los textos legislativos. Esto aliviaría a corto plazo la gran carga administrativa y económica para la Unión Europea.