El malestar en la Justicia ya no solo lo genera los ataques que dirigen miembros del Gobierno a los jueces, que suelen estar relacionados con decisiones que toman en los casos que afectan al presidente y al PSOE.

Hay otra guerra abierta entre el Ejecutivo y los miembros de la judicatura y la Fiscalía a cuenta de los planes que tiene Félix Bolaños para ellos.

Muestra clara de ello es lo que ocurrió ayer, tras concluir la comparecencia del ministro socialista ante la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta, precisamente, de las polémicas reformas que está implantando o planea sacar adelante. Como medida de protesta, ambas Carreras anunciaron que llevarán a cabo un paro general el próximo 11 de junio.

Todas las asociaciones judiciales y las de miembros del Ministerio Público (a excepción de las progresistas) dieron a conocer públicamente su acuerdo para dejar sus ocupaciones el citado día, a las 12:00 horas, durante diez minutos, para congregarse a las puertas de las sedes judiciales.

Con esta acción quieren hacer patente su radical desacuerdo con tres reformas que el Gobierno quiere ejecutar en su mundo judicial: del cambio en la forma de acceder a la judicatura y a la Fiscalía, pasando por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), sin olvidar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), junto a la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) plantan así batalla al ministro y le hacen saber que explicarán su oposición a nivel europeo ante el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y la Comisión de Venecia, exponiendo por qué tienen claro que estas medidas «pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal», así como «afectar a la separación de poderes».

No quieren, por un lado, que con la nueva LECrim –que Bolaños confirmó ayer que se aprobará antes de septiembre– los fiscales pasen a llevar la instrucción en los casos. No están a favor, aunque Justicia lo presente como una homologación con los sistemas judiciales del resto de Europa.

La razón no es otra que los peligros que ya ven en que «sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías» de su independencia la labor investigadora recaiga en los fiscales, teóricamente supervisados por un juez de garantías.

Vinculan la facilidad de que pueda haber injerencias políticas con otro de los proyectos de Bolaños: la reestructuración que pretende acometer en el Ministerio Público.

Los fiscales seguirán dependiendo directamente de un fiscal general del Estado que tendrá más «poder» sobre ellos, dado que –si el nuevo Estatuto sale adelante– decidirá sobre sus ascensos, cuando ahora son competencia del ministerio.

Por mucho que el titular de Justicia defienda que la intención de su iniciativa es solamente «darle una mayor autonomía» a la institución, las asociaciones tienen claro que es «una nueva oportunidad perdida de apostar por la autonomía funcional que les blinde».

Por ello, insisten en exigirle directamente a Bolaños que retire el anteproyecto, como señalaron en su comunicado conjunto difundido ayer al mediodía.

No olvidan el proceso extraordinario con el que Bolaños pretende estabilizar en sus puestos a los más de 900 jueces y 331 fiscales sustitutos, las cinco agrupaciones profesionales le avisan de que, si no da marcha atrás, se han comprometido a acudir unidos a los juzgados para impugnarlo.

Paralelamente, han solicitado reunirse con todos los grupos parlamentarios de las Cortes, el Consejo General de la Abogacía, el de Procuradores y la Asociación de Abogados del Estado, entre otras instituciones.

Consideran imprescindible explicarles la trascendencia de «los peligros y las consecuencias» que prevén que estos tres proyectos del ministerio en manos de los socialistas acaben generando en el Estado de Derecho y la calidad de nuestra Justicia, que quedará «degradada».