Este pasado miércoles se conocía un último acontecimiento en el «caso Begoña Gómez» que ni los propios implicados esperaban. El juez Juan Carlos Peinado acordó la transformación en procedimiento para el juicio ante tribunal de jurado de las diligencias de la pieza separada sobre la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez.

El instructor tomó la decisión tras observar ya «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión» de un delito de malversación de caudales públicos en que Álvarez, siendo alto cargo de Presidencia del Gobierno, interviniese en cuestiones de la cátedra extraordinaria que codirigía la mujer del presidente en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además de la asesora y la propia mujer de Pedro Sánchez, el magistrado atribuye responsabilidad penal en esta desviación de fondos públicos al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Dado que fue su superior jerárquico en Presidencia (2021-2023), como máximo responsable de la Secretaría General, en la época en que esta directora de Programas se encargaba de gestiones relativas a la actividad profesional privada de Gómez. Principalmente, se le investiga por no haber vigilado el desempeño y las tareas que llevaba a cabo la trabajadora.

Tras la decisión, y siguiendo lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado para hoy, a las 18:00 horas, a los tres imputados a fin de que comparezcan y fijen sus posturas sobre si hay que archivar la causa, practicar más diligencias de investigación «imprescindibles» o dar un paso más hacia la apertura de juicio oral.

Son los tres escenarios judiciales a los que se enfrenta la esposa del jefe del Ejecutivo y solo se conocerá cuál será finalmente el escogido por el magistrado en los días posteriores. Según fuentes conocedoras del caso consultadas por LA RAZÓN no se prevé que hoy se vaya a conocer cuál es su decisión.

De momento, la mujer de Sánchez tendrá que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla, acompañada de su abogado, para sentarse por quinta vez ante el juez Peinado. En la sesión, el instructor escuchará, primero, al representante de la Fiscalía, que, como ha venido haciendo a lo largo del año y seis meses de instrucción, pedirá el archivo de las actuaciones, aduciendo que no hay indicios.

Seguidamente, tomará la palabra la acusación popular unificada, que lidera el letrado de Hazte Oír, y que, tal y como trasladan a este diario las citadas fuentes, no se descarta que opte por reclamar más diligencias de investigación, que considere indispensable practicar, antes de que el procedimiento siga hacia que Gómez, Álvarez y Martín se sienten finalmente en el banquillo.

Por parte de las tres defensas, la de la mujer del también líder del PSOE (que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho); la de la asesora (a la que representa Jose María de Pablo), y la Abogacía del Estado, en nombre del delegado madrileño, se da por hecho que pedirán el sobreseimiento de las actuaciones que se vienen desarrollando en su contra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que alguna de las defensas, o el Ministerio Público, alegue que existe una «conexidad» entre la malversación de esta pieza separada y los otros dos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que también se investiga a la esposa del presidente del Gobierno y a la asesora (como presunta cooperadora necesaria), además del empresario Juan Carlos Barrabés. Si se demostrase que la malversación no es escindible de los otros dos ilícitos, no podría ser un jurado el que enjuiciase lo relativo a la asesora del Ejecutivo.

Pero, de momento, habrá que esperar a ver si en los siguientes días la acusación popular remite un escrito con nuevas pesquisas que quieren que se lleven a cabo.

Y el instructor tendrá que decidir si las acepta, las rechaza o dicta otras él, por su lado. Estas nuevas actuaciones, según fija la ley, solo pueden ir encaminadas «a la comprobación del hecho justiciable y respecto de las (tres) personas objeto de la imputación».

En el caso de que no apruebe ninguna diligencia de investigación adicional, entonces, siguiendo la legislación, el juez Peinado tendría que ordenar a las partes que, con un margen máximo de cinco días, eleven su escrito de conclusiones provisionales, exponiendo lo que «estimen oportuno» respecto a la apertura de juicio oral con jurado popular.

Y lo puede hacer aunque esté pendiente la entrega por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita de dos informes policiales.

Uno, con el que, tras analizar el registro de llamadas del teléfono profesional de Álvarez, se aclarará si, desde que fue nombrada en julio de 2018, mantuvo comunicaciones telefónicas con las empresas privadas que patrocinaron la extinta cátedra extraordinaria de Gómez (Reale Seguros y Fundación La Caixa).

O con las compañías que desarrollaron, de manera altruista, el software (Telefónica, Indra, Google y Manpower) del que se analiza –en la parte principal del procedimiento– si se pudo apropiar indebidamente la esposa de Sánchez.

El otro informe de la Guardia Civil expondrá el contenido de los numerosos correos electrónicos que el vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio dijo haber intercambiado con la asistente de Gómez. Como confirmó este diario, los agentes han recibido ya los mails y ahora se encuentran analizándolos.

Estas comunicaciones son claves y pueden dejar al descubierto que, en efecto, las gestiones que hizo la asesora vinculadas a la actividad laboral privada de la esposa de Pedro Sánchez no eran «favores puntuales» –como ambas sostienen como estrategia de defensa– y sí unas tareas constantes en el desempeño de Cristina Álvarez como empleada de la Administración.