La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al Tribunal Supremo que rastree el patrimonio de Santos Cerdán. En un oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los agentes se dirigen al magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, al que le solicitan que recabe información bancaria y de Hacienda del que fuera secretario de organización del PSOE. Según indican, el movimiento es factible toda vez que el exdirigente socialista ha renunciado ya a su acta de diputado y, por lo tanto, no está aforado.

En su oficio policial, que lleva por fecha este mismo 18 de junio, los agentes explican que "la progresión de esta línea de investigación requiere, entre otras acciones, el inicio de unas indagatorias" sobre el que fuera secretario de organización del PSOE y, dado que ya ha dejado su acta en el Congreso de los Diputados, el magistrado tiene vía libre para investigarle sin necesidad de tramitar el suplicatorio, como sí se hizo con José Luis Ábalos.

Lo primero que quieren investigar los agentes son las cuentas bancarias que aparecen asociadas al exdirigente socialista. En concreto ponen el foco en cinco cuentas de las que es titular tanto él como su hermana, María Belén Cerdán, aunque algunas estén canceladas. La primera de ellas se abrió en 1975, mientras que resto se remontan a 1992 y 2017, año este último en que fue elegido como secretario de coordinación territorial del PSOE.

En busca del dinero en el extranjero

Los agentes quieren que las entidades del BBVA, Caixabank y Caja Rural de Navarra informen, además, sobre todos los productos a su nombre, así como todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales o las transferencias remitidas al extranjero. Además, quieren que se facilite información sobre nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación así como de aclaraciones de determinados productos bancarios.

En paralelo, reclaman al juez del caso Koldo que solicite mandamiento a la Agencia Tributaria para que aporte toda la documentación fiscal relativa a Santos Cerdán entre los años 2014 y 2024. Se reclaman datos sobre cuentas bancarias, rentas, cheques, fondos de inversión, valores, operaciones de seguros, bienes inmuebles, información sobre relaciones societarias, facturas y bienes en el extranjero.

Uno de los objetivos de los investigadores, de hechos, es seguir el rastro de las presuntas mordidas repartidas con los amaños de obra pública. Como avanzó este medio, la Fiscalía Anticorrupción sigue el rastro de fondos de la red fuera de España. De hecho, respaldó la propuesta contemplada por la Guardia Civil en el conocido como "informe Cerdán" de recabar información de una veintena de entidades bancarias. Destacaban dos ubicadas en el extranjero: Intesa Sanpaolo Spa (con sede en Turín, Italia) y el banco alemán Commerzbank Aktiengesellschaft.

Tras meses de estudio de los terminales de los imputados y de los discos duros de Koldo García, los agentes ataron cabos sobre la existencia de una presunta organización criminal que se habría repartido presuntamente 1 millón de euros en mordidas provenientes de amaños de contrato de obra pública. Aunque en la causa figuraban hasta el momento José Luis Ábalos, su exmano derecha Koldo García y Víctor de Aldama, las confesiones de este último han llevado a poner el foco también en Santos Cerdán.

Cerdán, a un paso de la imputación formal

Es más, los agentes han ampliado su marco temporal a 2015, al considerar que la red que operó en el Ministerio de Transportes se fraguó en Navarra. En concreto, apuntaron al tándem inicial de Koldo Cerdán, que comenzó a operar en Navarra con adjudicaciones millonarias del Gobierno de María Chivite. Sin embargo, con la llegada de Ábalos a Transportes dio comienzo "la transición de la relación hacia un contexto nacional", según expuso la Guardia Civil.

En ese sentido se otorga un papel relevante a Cerdán por cuanto que habría gestionado el cobro de las mordidas en ocasiones directamente a través de las empresas amigas. Con ese caldo de cultivo la UCO solicitó al magistrado Puente que le autorizara una decena de entradas y registros. La operación se produjo el pasado 10 de junio y tuvo como epicentro la sede social de las empresas de Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y Obras Públicas y Regadíos (OPR), además de las viviendas de su administradores y del domicilio particular de José Luis Ábalos.

La diligencia respalda los indicios recabados por los agentes hasta el momento ya que en una de las viviendas registradas -en concreto en la de constructor Antxón Alonso- localizaron una escritura privada de compraventa de participaciones por la que este empresario, dueño de Servinabar, cedía el 45% de esta empresa a Santos Cerdán. La mercantil está en el foco de la investigación ya que sospechan que el empresario amigo del político socialista la empleó para concurrir en UTE con empresas como Acciona a importantes licitaciones públicas. Con el registro se adquiere un documento que contempla que Antxónle habría cedido a Cerdán en 2016 un total de 1.350 participaciones de la firma.