UGT se topa con el 308

Esta semana será clave para conocer si la Audiencia Nacional investiga finalmente la supuesta financiación irregular de UGT a través de los cursos de formación. Según las fuentes consultadas, en los próximos días la Fiscalía informará al juez Santiago Pedraz sobre la procedencia o no de asumir la competencia de esta causa (que se fundamentaría en la existencia de presumibles indicios de delitos en más de una comunidad autónoma) y de abrir una investigación al respecto.Si no es así, será el propio magistrado –según las fuentes consultadas– quien reclame al Ministerio Público ese informe, que le solicitó el pasado 19 de noviembre.Desde ese día, la querella presentada por Manos Limpias se ha ampliado en dos ocasiones, la última a raíz de la denuncia publicada por LA RAZÓN sobre la existencia de posibles pagos en negro en UGT de Cataluña.

En su querella,Manos Limpias denuncia al secretario general de UGT,Cándido Méndez; al tesorero del sindicato, Antonio Retamino, y a los responsables delInstituto para la Formación yEstudios Sociales (IFES) y de dos empresas filiales, Localmur yFormación 2020, por cinco delitos: estafa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.Pero, según fuentes jurídicas, laFiscalía apunta sobre todo a un delito, el de la obtención de subvenciones irregulares recogido en el artículo 308 del Código Penal, y a las posibles falsedades documentales que se hubiesen realizado para cometerlo. El citado artículo castiga con penas de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el importe de la cantidad defraudada a quien obtenga«subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas de más de 120.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando las que la hubiesen impedido».

Incumplir las condiciones

Esas mismas penas, añade el artículo 308 en su punto segundo, se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de lasAdministraciones públicas que superen la citada cantidad,«incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida». En este enunciado podría encajar, según esas mismas fuentes, la conducta supuestamente fraudulenta de UGT en la gestión de los cursos de formación, cuyos recursos se habrían empleado para fines distintos a los que justifican la subvención. La sanción lleva aparejada, además, la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de entre tres a seis años.

El artículo abre una brecha para que quienes incurran en esta conducta puedan quedar exentos de responsabilidad penal: que reintegren al erario público todas las cantidades recibidas más un interés anual «equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales».Eso sí, siempre que se devuelvan antes de que se les haya notificado «la iniciación de actuaciones de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o ayudas».En este caso, la Junta de Andalucía ya ha anunciado que revisará las subvenciones otorgadas a UGT para cursos de formación, por lo que esta posibilidad legal ya se ha cerrado para el sindicato.

En todo caso, si esa inspección no se hubiese puesto en marcha, las cantidades deberían devolverse antes de que la Fiscalía, la Abogacía delEstado o la Administración autonómica o local afectada«interponga querella o denuncia».