Un ex funcionario denuncia presiones del «tres» de Cifuentes en un concurso

Afirma que por orden de Granados intentó influir en una adjudicación en Leganés.

Madrigal, ex fiscal general del Estado, ejerció ayer de madrina de Alejandro Luzón en la toma de posesión como nuevo fiscal jefe de Anticorrupción
Madrigal, ex fiscal general del Estado, ejerció ayer de madrina de Alejandro Luzón en la toma de posesión como nuevo fiscal jefe de Anticorrupción

Afirma que por orden de Granados intentó influir en una adjudicación en Leganés.

Una denuncia anónima de un ex funcionario de la Comunidad de Madrid señala al consejero madrileño de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, «número 3» del Gobierno de Cristina Cifuentes, por ejercer supuestas presiones para que en febrero de 2008 – cuando era director general de Cooperación con la Administración Local– la adjudicación del concurso de mantenimiento del parque de Polvoranca (Leganés), por 1,9 millones de euros, se decantara en favor de una empresa del grupo ACS.

En el sumario del «caso Púnica» consta un informe sin fecha atribuido a «Grupo Pontejos» (detrás del que supuestamente se esconden varios funcionarios del Gobierno autonómico) en el que se relata cronológicamente las presiones que habría sufrido el entonces jefe de departamento en dicho concurso. Según ese relato, el 18 de febrero de 2008 el entonces subdirector general de Inversiones en Municipios le comunicó que, según González Taboada, «que había exigido ver mi informe antes de que yo lo enviase a la mesa de contratación», Granados «no admite que el concurso se adjudique a otra empresa que no sea Imesapi», del grupo ACS, con quien, le habría explicado, el PP «tenía una importante deuda derivada de las últimas elecciones generales» (en la que habría colaborado con 800.000 euros).

«Criterios objetivos»

Imesapi había obtenida, recuerda el denunciante anónimo, 24 puntos menos que la mejor calificada –que finalmente, en agosto de ese año, resultó la elegida, imponiéndose el criterio de los técnicos–, sobre un total de 50, «y sólo superaba en dos puntos» a la mejor puntuada en la oferta económica. «Manifesté mi total oposición a modificar un informe que había sido realizado con criterios totalmente objetivos».

En las semanas siguientes, añade, sufrió una «táctica de desgaste» con «presiones indirectas», hasta que el 3 de marzo se desconvocó sine die la reunión de la mesa de contratación, prevista para ese mismo día.

Según explica, a posteriori el subdirector general de Inversiones en Municipios, que le había apoyado «plenamente» en su postura, cesó en el cargo «por presiones» de González Taboada. Él mismo, añade, continuó en su puesto «en situación de casi total inactividad durante meses», limitándose a supervisar únicamente nueve proyectos en tres años. Ir por las mañanas a la oficina «para nada más que justificar el horario», se queja, le parecía «insoportable por la sensación de injusticia que genera».

El informe del «Grupo Pontejos» carga duramente contra González Taboada y afirma no comprender que con un perfil como el suyo, «sin ningún tipo de titulación, ni jurídica ni técnica ni económica, un auténtico semianalfabeto» se haya desempeñado en un cargo «con la amplitud de conocimientos que requiere» la dirección general que ocupó. «Menos aún se entiende su actual cargo de consejero», añade. Su gestión política, dice, es de «una solvencia y legalidad bastante dudosas».

El informe hace hincapié en el hecho de que González Taboada simultanea su cargo de consejero de Medio Ambiente de la Comunidad con el de vicesecretario Territorial del PP de Madrid. «Negocia y chalanea cantidades del Prima (el plan regional de inversiones) de los municipios, así como de las subvenciones, e incluso influye en listados electorales y en candidatos de cada municipio», asegura.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró ayer respecto a esta denuncia incorporada al usmario del «caso Púnica» –que ahora investiga, en sustitución de Eloy Velasco, el juez Manuel García Castellón– que su Ejecutivo mantiene su actitud de prestar a la Justicia «toda la colaboración» en las investigaciones de casos de corrupción, para contribuir a que estos se resuelvan «lo antes posible», informa Ep.