Los vaivenes de Sánchez sobre Cataluña: de la rebelión a la amnistía

Pedro Sánchez comienza a abonar el camino para un nuevo pacto con el independentismo que le permita superar la investidura y, en paralelo, ya construye el marco para defender de cara a la opinión pública que ese acuerdo persigue un interés general, en lugar del suyo propio de mantenerse en el poder. Lo cierto es que las convicciones del presidente del Gobierno son tan volubles como imperiosa sea su necesidad de retener la Moncloa y, por ello, las va modulando en función del grado de dependencia del soberanismo para lograr sus objetivos.

La necesidad de granjearse el apoyo de los 14 diputados de ERC y Junts para hacer presidenta del Congreso de los Diputados a Francina Armengol, llevó al PSOE tras años bloqueando el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara, a aprobar esta semana una reforma del reglamento para ello que calificaron de “histórica”. En la misma línea, las firmes aseveraciones sobre la inconstitucionalidad de la amnistía que se defendieron durante la legislatura y, en especial, en la última campaña electoral del 23 de julio, han quedado diluidas ahora en una ambigüedad que anticipa pasos en esa dirección.

El presidente en funciones ha mantenido hasta ahora una “prudencia absoluta” sobre el contenido de las negociaciones para su investidura, fijando cualquier posicionamiento en el momento en que reciba oficialmente el encargo del Rey para pedir la confianza de la Cámara. Sin embargo, ante un vacío comunicativo que están llenado otros actores políticos, avanzando movimientos en este sentido o criticando lo ilegal del olvido penal, Sánchez se vio obligado esta semana a pronunciarse.

“Seré coherente con la política de normalización en Cataluña, y ya estoy diciendo mucho”, dijo desde Nueva York. Sin embargo, la apelación a la coherencia es ciertamente contradictoria, tanto como los posicionamientos que ha mantenido sobre diversos asuntos, desde la existencia o no del delito de rebelión hasta la concesión de los indultos.

Rebelión

Un Pedro Sánchez, líder de la oposición, apenas unas semanas antes de que triunfara la moción de censura se mostraba rotundo sobre la calificación penal de los hechos que habían perpetrado los líderes independentistas el 1 de octubre. “Creo que clarísimamente que ha habido un delito de rebelión", le dijo a Susanna Griso el 17 de mayo de 2018 en una entrevista en “Espejo Público”. “Lo que estamos viendo es que hay responsables públicos al frente de instituciones que lo que hacen es plantear la subversión del orden constitucional. Y ahí tendríamos que hacer distintas formas de entender el delito de rebelión con un agravante que es precisamente los altercados públicos, pero si no hay altercados públicos lógicamente eso no significa que pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo", explicó en este mismo formato.

Sin embargo, una vez llegó al Gobierno y necesitó el apoyo de los partidos soberanistas, el criterio de Sánchez fue virando y apenas cinco meses después señalaba que “es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución frente a responsables públicos que lo que están haciendo el valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional". A finales de 2022, el Ejecutivo avanzó en la reforma del Código Penal, en la que derogó el delito de sedición -por el que finalmente fueron condenados los líderes del “procés”- y avanzó en el abaratamiento de la malversación.

Indultos

La concesión de los indultos es, para el Gobierno, una de las decisiones que han contribuido a resolver el conflicto político en Cataluña. Sin embargo, en un primer momento, Sánchez no estaba dispuesto a perdonar a los líderes del “procés” y lo que propugnaba era el “cumplimiento íntegro” de sus penas. "El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento", dijo en octubre de 2019 en una comparecencia desde La Moncloa para valorar el fallo judicial. Casi dos años después, el 22 de junio de 2021 y antes de que el Consejo de Ministros aprobase la medida de gracia, el presidente comparecía desde el mismo enclave para justificar la decisión que iba a tomar su Gabinete. "Existen razones de utilidad pública para esta medida de gracia por la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española", dijo entonces.

Amnistía

El resultado de las elecciones del 23J y la necesidad de contar con los votos de Junts también ha hecho que el Gobierno y Sánchez cambien su criterio jurídico sobre la amnistía. Antes de las elecciones generales negaban que las pretensiones soberanistas tuvieran encaje legal. "El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española", dijo el presidente en una entrevista en la Sexta en noviembre de 2022, donde a dos días de la cita con las generales también se jactaba de no haber sucumbido a sus exigencias: "No han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá". Sin embargo, tras el escrutinio, el jefe del Ejecutivo ya en funciones parecía flaquear en sus convicciones y aseguraba que no le “correspondía” a él “decir qué es constitucional”, señalando el camino hacia el Tribunal Constitucional.

Puigdemont

En la misma línea ha evolucionado el trato que se dispensa al ex presidente de la Generalitat fugado. De considerar cuando estaba en la oposición que “nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad” a comprometerse a “traerle a España y que rinda cuentas ante la Justicia”, en la campaña electoral en noviembre de 2019, se ha pasado ahora a renegar de la “vía judicial” para dar una respuesta a los hechos ilícitos que se cometieron. "Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial", dijo el pasado miércoles Sánchez.