Vocales del CGPJ quieren que el Pleno se pronuncie sobre la amnistía

Si el Gobierno tramita la ley de amnistía como proposición de ley, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será un convidado de piedra en ese procedimiento legislativo. El Ejecutivo sí está obligado a recabar el informe del órgano de gobierno de los jueces cuando se trata de un anteproyecto de ley, pero no cuando se sortea esa técnica legislativa, como sucedió, sin ir más lejos, con la reforma avalada hace unos días por el Tribunal Constitucional (TC) que retiró al CGPJ las competencias para realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones. Ese informe del Consejo no es vinculante, pero recoge –así ocurrió con la ley del «solo sí es sí»– los posibles reparos legales a la iniciativa parlamentaria.

A la espera de que se conozca el contenido de la ley de amnistía con la que Pedro Sánchez espera garantizarse el voto favorable del independentismo catalán a su investidura, fuentes del CGPJ dejan claro que la institución no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados ante lo que consideran «una quiebra del principio de separación de poderes». Así, la intención de los vocales consultados es llevar al Pleno la futura ley de amnistía para que sus compañeros se pronuncien.

Para ello, es necesario que el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, o al menos cinco vocales, soliciten su inclusión en el orden del día (el próximo Pleno ordinario no se celebra hasta finales de mes, antes de que según las previsiones del Gobierno se consiga la investidura, aunque también sería posible la convocatoria de una sesión extraordinaria para debatir la cuestión).

Las fuentes consultadas dan por hecho que sí es posible que cinco vocales secunden la iniciativa de llevar al Pleno la ley de amnistía. Otra cosa bien distinta es –asumen– que finalmente los consejeros se pongan de acuerdo para alumbrar una resolución conjunta sobre este asunto.

El Consejo "reaccionará o al menos lo intentará"

«Yo creo que el CGPJ debería pronunciarse», apuntan esas mismas fuentes, que no obstante admiten que «es difícil» que se apruebe un informe sobre la amnistía, al que algunos vocales se muestran contrarios. «No estamos para decirle al Gobierno lo que tiene que hacer», subrayan en todo caso. «También le dijimos que la ley del solo sí es sí era una barbaridad y no nos hizo caso», recuerdan.

«Cuando dispongamos del texto será el momento idóneo», explica otra de las fuentes a favor la iniciativa, que también asume que será complicado poner de acuerdo a los consejeros: «No creo que haya una mayoría dispuesta a aprobar el informe». En todo caso, sí tiene claro que «en cuanto salga la proposición de ley, reaccionará el Consejo, o al menos lo intentará».

«Es imposible que la ley sea constitucional», aseguran esas mismas fuentes, que alertan de que «estamos en un periodo de mutación constitucional que ha empezado con el visto bueno a la ley 4/2021» (la reforma que avala la retirada de competencias al CGPJ si su mandato ha caducado ya, una modificación que buscaba forzar al PP a negociar la renovación del Consejo, en funciones desde 2018, y que ha ocasionado que se acumulen ya 84 vacantes sin cubrir en la cúpula judicial).

"Es una quiebra de la separación de poderes"

«Las sentencias dictadas por los tribunales se dejan sin efecto y se invaden de forma irremisible las competencias del Poder Judicial», se quejan a la vez que distinguen la medida del indulto. «Un indulto respeta una sentencia, pero la amnistía no: expropia la sentencia, hace desaparecer el delito e incluso la posibilidad de juzgarlo», aseguran.

«En la transición se gritaba “amnistía y libertad”», recuerdan. «La amnistía es una manifestación de la libertad y si ahora es necesaria una amnistía, se asume que en España, como en el franquismo, no ha existido libertad ni se han respetado los derechos fundamentales». Se trata, defienden, de «un disparate» que supone «cargarse la transición política» y de «una quiebra de la separación de poderes» al que no confían que el Tribunal Constitucional pueda poner coto. «No tengo absolutamente ninguna esperanza en el Tribunal Constitucional» se resignan.

Precisamente en la corte de garantías se respira una calma chicha a la espera del avispero que supondrá para la institución tener que pronunciarse previsiblemente sobre la futura ley. «Lo mejor que puede pasar es que no tengamos que decidir sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía porque no llegue a aprobarse», reconocen fuentes del TC, conscientes de que los recursos anunciados por PP y Vox a una cada vez más factible medida de gracia situarán en el disparadero al tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido.