El filtro del TC ante una amnistía: «No está previsto en la Constitución»

Todos los caminos de la amnistía que reclama Carles Puigdemont para propiciar la investidura de Pedro Sánchez conducen al Tribunal Constitucional (TC). En último término, si la polémica medida se hace efectiva será la corte de garantías, de mayoría progresista, la encargada de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la iniciativa, bien resolviendo el recurso de inconstitucionalidad que seguramente planteen PP y Vox, bien haciendo lo propio con la cuestión de inconstitucionalidad que puedan formalizar los magistrados que instruyen causas vinculadas con el «procés». En cualquiera de los casos, el veredicto del tribunal será determinante.

A la espera del rumbo de los acontecimientos políticos, en el Constitucional son conscientes de que esa hipotética ley de amnistía (que haría borrón y cuenta nueva, desde el punto de vista penal, de todos los comportamientos que han acarreado condenas, procesamientos e imputaciones judiciales por el «procés», con Puigdemont y su Gobierno a la cabeza) situará inevitablemente al tribunal en el punto de mira.

Sacudido hace unos meses por la marejada de su renovación pendiente, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez puso tanto ahínco y que instauró una mayoría progresista en el TC, el tribunal presidido por el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido tiene sobre la mesa distintas cuestiones de calado, que sin embargo quedarían eclipsadas por la dimensión política de su veredicto sobre esa posible amnistía.

Compuesto actualmente por once magistrados, la mayoría progresista es holgada (siete representantes frente a cuatro de tendencia conservadora) y hasta el momento ha cerrado filas al avalar algunas leyes estrellas del Gobierno de Pedro Sánchez –como la ley de eutanasia o la conocida como Ley Celaá– o de anteriores ejecutivos socialistas como el de Rodríguez Zapatero (la ley del aborto de 2010). De ahí que en el bloque minoritario den por hecho que, si finalmente se aprueba una ley de amnistía y llega al TC, la mayoría progresista avalará la constitucionalidad de la medida.

De hecho, fuentes del sector conservador señalan que la situación respecto a esa posibilidad es «de desesperanza» y ante ese escenario anticipan una catarata de votos particulares para dejar constancia por escrito de sus discrepancias jurídicas.

Movimientos en el CGPJ

Y es que, según esas mismas fuentes, la amnistía que reclama Puigdemont «no está prevista en la Constitución» en la medida en que supone «una negación» del artículo 117 de la Carta Magna, que deja en manos de los juzgados y tribunales –recuerdan– la potestad jurisdiccional de «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». «Las leyes penales se aplican por los tribunales», recalcan. Además, añaden, una amnistía «es también contraria al principio de igualdad».

En el seno del grupo minoritario también se pone de relieve que, más allá de un delito de desobediencia (tras la derogación del delito de sedición por el que fueron condenados los principales líderes del «procés»), a Puigdemont se le imputa igualmente «una malversación de caudales públicos, que pagamos todos».

No en balde, tras la reforma penal impulsada por el Gobierno que modificó el delito de malversación (reduciendo las penas cuando no hay ánimo de lucro), el pasado mayo la Comisión Europea ya propuso que las penas mínimas para castigar este delito –uno de los puntales contra la corrupción política– se sitúen al menos en cinco años de prisión en los estados de la UE (algo que abocaría a España a emprender una nueva reforma penal).

Pese a que la amnistía que pretende Puigdemont sigue anclada en el terreno de las hipótesis, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se están produciendo movimientos para, llegado el caso, llevar al Pleno el rechazo de la institución a la polémica medida.

Fuentes del bloque mayoritario consideran que la iniciativa es «jurídicamente inaceptable» y aseguran que «nunca habíamos tenido que afrontar algo parecido». «Creo que España no puede soportar esto», alertan.

Y van más allá, al señalar que si el TC acepta la amnistía como conforme a la Carta Magna «es una prevaricación como la copa de un pino, porque no hay ninguna interpretación constitucional posible que avale la medida».

[[H3:«Absolutismo parlamentario»]]

Al contrario de lo que sucede con los indultos, «que parten de una condena penal que se perdona» –argumentan–, la amnistía «supondría la ruptura del principio de separación de poderes y la quiebra de la Constitución y del principio de igualdad ante la ley». «Caeríamos en un absolutismo parlamentario», afirman sin ambages antes de precisar que la medida implica asumir «que las leyes españolas son injustas y que los tribunales no son democráticos».

Del mismo modo, descartan cualquier similitud con la ley de amnistía de 1977. «Se refiere a los delitos de una legislación franquista, que no era democrática, a unos juicios sumarísimos. No tiene nada que ver». En este caso, sin embargo, supondría según su criterio «conceder un triunfo político de primerísimo orden a los independentistas, que les envalentonaría; no serviría para solucionar el problema y pacificar Cataluña, sino para enconarlo aun más, porque estarían esperando la oportunidad para volverlo a hacer tras conseguir la demolición de la Constitución española».

«Esto va a toda mecha –aseguran las fuentes consultadas–. La sensación que existe en el Tribunal Supremo es que esto no tiene remedio. Nos llevan al abismo». Del mismo modo, critican lo que consideran una «ruptura de principios éticos», en referencia al viaje de Yolanda Díaz a Bélgica para entrevistarse con Carles Puigdemont: «Irse a pactar con un fugado de la Justicia para decirle que el Estado le ha procesado injustamente».