Vuelco a la Justicia en seis meses

El Ministerio de Justicia llevará a cabo una frenética actividad normativa en este último trimestre del año, que permitirá que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón presente al Consejo de Ministros cuatro proyectos de Ley –con posibilidad de que sean cinco–, para que, una vez sea aprobado por el mismo, se transformen en proyectos de ley y puedan comenzar la correspondiente tramitación parlamentaria. Incluso, no se descarta que se pueda presentar un quinto anteproyecto para su estudio y aprobación por el Gobierno.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El más inmediato, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio de Justicia, será el texto definitivo de la reforma del Código Penal, que se aprobará, previsiblemente, en Consejo de Ministros este mismo mes de septiembre. Con esta reforma se pretende una «revisión profunda del sistema penal» para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves. Así, entre otras modificaciones, se incorporan la prisión permanente revisable para delitos de excepcional gravedad. Sobre esta medida, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo Fiscal ni el Consejo han puesto tacha alguna de constitucionalidad ni que esa medida suponga una pena degradante o atente contra la reinserción social.

Una parte importante de esta reforma afecta también a la redacción y penas de delitos con los que se busca hacer más eficaz la lucha contra la corrupción y el uso fraudulento de las arcas públicas, como malversación de caudales públicos, cohecho, administración desleal o apropiación indebida.

ESTATUTO DE LA VÍCTIMA

Junto a la reforma del Código Penal, el ministro Ruiz-Gallardón llevará para su aprobación al Consejo de Ministros el proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima, con el que España será el primer país de la Unión Europea en recoger en un único texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima, en el que se incluirán las directivas comunitarias sobre la materia y se recogerán todos los derechos que asisten a las víctimas de delitos, con especial mención a las del terrorismo.

Uno de los objetivos de esta reforma –reclamada por los colectivos de víctimas– es fijar un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delito, entendiendo por tales no sólo a las directas, sino también a las indirectas, como son las familias. La principal novedad que incluye consiste en que las víctimas, aunque no estén personadas en un procedimiento judicial, podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo que se dicten en un plazo amplio que les permita disponer de tiempo suficiente para valorar si deben hacerlo y personarse en las actuaciones.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

El tercer proyecto de Ley será la reforma de Enjuiciamiento Civil, en el que una de las novedades principales es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.

Este ley amplía las atribuciones y obligaciones de los procuradores a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y de cooperación y auxilio de la Administración de Justicia. Será la parte quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos, siempre bajo la dirección del secretario judicial y control judicial: funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su procurador, a su costa. Si el ciudadano no especifica nada, se entenderá que se encargarán, como hasta ahora, funcionarios de la Administración de Justicia.

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

El último de los proyectos de Ley que con seguridad llevará el ministro Gallardón al Consejo de Ministros es la reforma de la Ley de Justicia Gratuita. Esta ley eleva el umbral económico para acceder a la Justicia sin tener que realizar ningún desembolso, ni de abogado ni de procurador, y permitirá que determinados colectivos se puedan beneficiar de ella con independencia de su situación económica, tales como las víctimas del terrorismo, menores y discapacitados que hayan sufrido cualquier tipo de abuso, etc. Y, junto a ello, se realizará un control más riguroso para evitar fraude en este tema.

Junto a todos los anteriores, la intención del Departamento que dirige Ruiz-Gallardón pretende también llevar antes de finales de año el proyecto de Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental en caso de nulidad, separación y divorcio, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado mes de julio. La principal novedad afecta a la modificación de un precepto del Código Civil para que sea el juez quien, en cada caso concreto, y siempre actuando en beneficio del interés superior del menor, determine qué régimen es el más adecuado, si la asignación de la custodia a uno de los progenitores o la custodia compartida. Ahora se elimina la excepcionalidad que suponía esta última medida.

Si no diese tiempo en lo que resta de año, se realizaría en los primeros meses del próximo año.

Primer trimestre de 2014

Se presenta igualmente intenso para el Ministerio de Justicia, donde se espera que puedan presentarse en el Consejo de Ministros los anteproyectos de Ley de otras relevantes reformas, para que puedan informar los órganos competentes.

ABORTO

El primero de los anteproyectos se presentará en octubre y será el de la reforma de la Ley del Aborto, en la que, tal como informó en exclusiva el pasado mes de abril LA RAZÓN, no se incluirá el aborto eugenésico, y se pasará de una ley de plazo a una ley de supuestos, tal como existía antes de la reforma del Gobierno socialista.

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Con esta reforma, Justicia pretende descongestionar los juzgados, de tal forma que algunos asuntos «menores» no tenga que resolverlos el juez, sino funcionarios públicos adscritos a la Administración de Justicia.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

El anteproyecto se redactará a partir del informe elaborado por la Comisión de Expertos. Afectará sustancialmente a la planta judicial, para crear unas estructuras organizativa y territorial «adaptadas a las necesidades del siglo XXI».

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Supondrá un giro radical en todo el proceso penal. La investigación será asumida por el Ministerio Fiscal. Los jueces de instrucción pasarán a ser jueces de garantías. Se limitará el secreto del sumario y se instaurará la doble instancia penal en todos los tribunales.