Vigo vuelve a ser escenario de una demanda vinculada a la memoria histórica. Este viernes, Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes han presentado una querella en los Juzgados de Instrucción de la ciudad contra 12 agentes de la Sección Local de Investigación Social de la Comisaría del Cuerpo General de Policía de Vigo y 2 agentes del servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, a quienes señalan como responsables de las torturas que sufrieron tras su detención el 8 de julio de 1976.

Ambos militaban entonces en la Unión do Povo Galego (UPG), en un contexto de represión contra los movimientos sociales, políticos y sindicales opuestos al régimen franquista. Tras ser arrestados en la cafetería Reca 2, permanecieron cinco días totalmente incomunicados en la comisaría de la Rúa Luis Taboada, donde, según afirman, fueron sometidos a torturas continuadas.

El 13 de julio fueron puestos a disposición judicial e ingresaron en la antigua prisión de Vigo, ubicada en la actual sede del Museo de Arte Contemporánea (MARCO). Allí pasaron varios días en régimen de aislamiento y posteriormente en la galería 3 de presos políticos.

Simbolismo

Este mismo lugar, convertido hoy en museo, ha sido el escenario elegido por los querellantes para hacer pública la iniciativa judicial. La acción forma parte de la estrategia de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que respalda a víctimas y familiares en procesos contra los crímenes de la dictadura.

De hecho, se suma a más de 115 querellas presentadas en los últimos años en distintos tribunales españoles, reclamando que se investiguen y enjuicien delitos que consideran crímenes de lesa humanidad.

Los juzgados españoles se amparan en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos para archivar procedimientos. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que la actual Ley de Memoria Democrática no habilita por sí misma a investigar crímenes franquistas.