En tiempos de ajuste fino y eficiencia administrativa, para que también hay espacio para gestos tan simbólicos como pragmáticos. Galicia ha decidido pasar página con una larga lista de deudas minúsculas que apenas suman lo que vale una barra de pan.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy una resolución que oficializa la anulación de 714 deudas tributarias en período ejecutivo, todas ellas con importes inferiores a tres euros. En conjunto, apenas 926 euros que, en términos administrativos, pesaban más por el ruido burocrático que por su valor real.

Se trata de una resolución conjunta de la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo y cuyo importe pendiente de recaudar sea inferior a esos tres euros.

Esta decisión responde a una práctica común entre las administraciones tributarias, que de forma periódica proceden a eliminar de sus registros aquellas liquidaciones cuyo coste de recaudación es superior al ingreso potencial. Tal como recoge la resolución, mantener la reclamación de estas deudas mínimas supondría una pérdida para la hacienda pública, ya que los recursos humanos y materiales destinados a su gestión superarían ampliamente el valor económico que se pretende recuperar.

La resolución concreta que las actuaciones se aplicarán a las liquidaciones cuyo saldo pendiente, a fecha de 31 de diciembre de 2024, sea inferior a tres euros. En esta ocasión, la medida se traduce en la anulación de esas 714 deudas con un importe medio de apenas 1,30 euros por cada una.

Con esta actuación, explica la Consellería de Hacienda, la administración autonómica optimiza su eficiencia recaudatoria y reduce cargas administrativas innecesarias, en línea con los principios de buena gestión de los recursos públicos. Además, se evita al ciudadano la notificación y tramitación de reclamaciones por importes simbólicos, lo que también contribuye a una relación más razonable entre la Administración y los contribuyentes.