Tribunales
Muere antes de ser juzgado en Pontevedra por distribución de pornografía infantil
La Audiencia Provincial extingue la causa penal contra un vecino de Vilagarcía detenido en la operación policial Cuervo
El juicio nunca llegó a celebrarse. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra tenía previsto juzgar este martes a un vecino de Vilagarcía de Arousa acusado de distribuir material de pornografía infantil. Sin embargo, el proceso quedó suspendido tras conocerse el fallecimiento del acusado, lo que ha supuesto la extinción de su responsabilidad penal, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La Fiscalía solicitaba para el hombre una condena de ocho años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil, además de nueve años de libertad vigilada, una vez cumplida la pena de cárcel. Entre las medidas complementarias pedía también la prohibición de desarrollar actividades que implicasen contacto con menores y la obligación de asistir a programas de educación sexual.
El acusado había sido arrestado en el marco de la operación policial Cuervo, una investigación de la Policía Nacional desarrollada entre 2020 y 2021 para desarticular redes de intercambio de pornografía infantil a través de internet. Según la investigación, el sospechoso utilizaba un programa informático para descargar y compartir archivos con contenido sexual explícito protagonizado por menores “de muy corta edad y aspecto prepuber”.
Durante el registro de su domicilio, los agentes intervinieron el ordenador desde el que presuntamente distribuía el material. En el análisis del dispositivo encontraron 287 vídeos o archivos similares, de los cuales 83 habrían sido compartidos con otros usuarios. En muchos de ellos aparecían niños y niñas realizando tocamientos u otras prácticas de carácter sexual.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitaba doce años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implicase contacto directo con menores, el decomiso del equipo informático y el pago de las costas judiciales.
Con su fallecimiento, la causa queda cerrada sin que se llegue a determinar judicialmente su responsabilidad en los hechos investigados.
