El conflicto en Sargadelos vuelve a encenderse en Cervo (Lugo). Un día después de ordenar de nuevo el desalojo de la fábrica tras la visita de inspectores de Trabajo, el propietario de la histórica firma cerámica ha activado un ERTE por fuerza mayor para 86 empleados, todos ellos del área de producción.

La decisión, comunicada al Juzgado de lo Mercantil y formalizada ante la Xunta en la mañana de este viernes, ha vuelto a dejar a la plantilla en la calle mientras se mantiene la actividad únicamente en administración y mantenimiento.

La situación estalló de nuevo este jueves, cuando tres inspectores acudieron a revisar las mejoras ordenadas para reducir riesgos por exposición a polvo de sílice. Según el responsable de la CIG en A Mariña, la presencia de los funcionarios desencadenó una reacción inmediata del propietario, que ordenó desalojar al personal de producción y detener la actividad.

“Otro episodio más de esta historia interminable”, lamentó el sindicato, denunciando que la plantilla vuelve a ser tratada “como muñecos” y que las administraciones “no pueden consentir” lo que está ocurriendo.

La tensión se reeditó este viernes. Los operarios acudieron a primera hora a su puesto, pero se encontraron con las puertas cerradas y sin presencia de la Guardia Civil, a diferencia de lo ocurrido en abril. Firmaron su asistencia para dejar constancia de que habían acudido y permanecieron en el exterior de las instalaciones mientras el propietario entraba y salía sin dirigirse a ellos.

El dueño ejecuta un ERTE y anuncia su dimisión como gestor

En paralelo, el propietario ha abierto un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, con efectos desde el 27 de noviembre y hasta el 15 de diciembre. La medida afecta a 8 hombres y 78 mujeres de la plantilla productiva.

En la documentación remitida, sostiene que la decisión se debe a la “paralización obligada de la producción” por los requerimientos de la Inspección de Trabajo relativos a los riesgos por polvo de sílice y afirma que la prioridad es “garantizar la salud de los trabajadores”.

Además, ha comunicado al Juzgado su dimisión como gestor o CEO de la planta de Cervo —aunque continúa como propietario—, argumentando que la “chulería” de la Inspección le obliga a abandonar sus funciones ejecutivas desde este viernes.

En su carta critica la normativa laboral, las “contradicciones” legislativas y la actitud de los inspectores, y reivindica que deja “una empresa sin deudas, con tesorería amplia y en expansión”, pese a que la plantilla recuerda que la fábrica opera desde abril en un clima de incertidumbre constante.

La Xunta anuncia que intentará mediar

Desde Santiago, el presidente de la Xunta Alfonso Rueda ha asegurado este viernes que el Gobierno gallego volverá a intentar mediar, como ya hizo en primavera cuando evitó otro cierre repentino. “En ese momento lo conseguimos y ahora intentaremos hacer lo mismo”, declaró, al tiempo que recordó que la Xunta actuará como autoridad laboral para “exigir el cumplimiento de la ley” en todo momento.

La factoría de Cervo, considerada Bien de Interés Cultural, lleva meses sometida a supervisión por parte de Trabajo tras detectarse casos de silicosis y la necesidad de ejecutar mejoras estructurales.

El pulso entre la empresa y la Inspección se ha convertido en el eje de un conflicto que mantiene en vilo a una de las industrias más emblemáticas de A Mariña, cuya plantilla pide soluciones urgentes y estabilidad para garantizar la continuidad de la producción.