El embalse de Eiras, levantado en el río Oitavén entre Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, en la provincia de Pontevedra, nació en los años setenta para resolver el grave problema de abastecimiento que sufría Vigo. Aprobado en 1973 por el Ayuntamiento y financiado parcialmente mediante un empréstito municipal, sus obras arrancaron ese mismo año tras un amplio proceso de expropiaciones y culminaron con la inauguración del 21 de marzo de 1977, presidida por el entonces ministro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo-Sotelo, y el alcalde vigués Joaquín García Picher.

Desde entonces, Eiras se ha convertido en la principal garantía de suministro para Vigo y para poblaciones limítrofes como Mos, O Porriño, Redondela y Salceda de Caselas. Sin embargo, medio siglo después, aquella infraestructura esencial vive uno de los momentos de mayor tensión institucional que se le recuerdan.

La Xunta alertó esta semana del “riesgo real” de que 400.000 personas se queden sin agua por el deterioro grave de dos de las cuatro válvulas de la presa, una situación que atribuye a la falta de mantenimiento del Ayuntamiento de Vigo, responsable de su apertura semanal para asegurar su correcto funcionamiento. El Ayuntamiento, como suele ser habitual, replicó exigiendo a la Xunta el “cambio inmediato” de las válvulas, acusándola de “tres años de brazos cruzados” y de demostrar una “irresponsabilidad absoluta” en la gestión del embalse.

La tensión se ha disparado en los últimos días. Según la documentación facilitada por la Xunta, la presa pasó en 2023 a gestión autonómica tras años de litigios, pero con un acuerdo claro: Vigo, a través de su concesionaria Aqualia, debía manipular semanalmente las válvulas. Sin embargo, los últimos controles de inspección revelaron que eso no se habría hecho en casi tres años.

Desde el Gobierno gallego insisten en que su preocupación es máxima y que urge sustituir las dos válvulas deterioradas para evitar un “riesgo para el abastecimiento del área de Vigo”. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que es la Xunta la que tiene la responsabilidad del mantenimiento desde que recibió las llaves de la presa el año pasado y acusa a Augas de Galicia de haber detectado los fallos en abril sin alertar de la necesidad de una actuación urgente hasta octubre.

Reunión tensa y sin acuerdos

Este martes, ambas administraciones celebraron una reunión técnica en Vigo que no logró desactivar el conflicto. Según la Xunta, solo Augas de Galicia acudió con información detallada y una planificación completa de las actuaciones necesarias, mientras que el Ayuntamiento, representado por Aqualia, “se limitó a escuchar” y planteó una solución “simplista”: reparar solo una válvula por unos 50.000 euros.

El organismo autonómico sostiene que el Ayuntamiento es “el único que puede y debe manipular las válvulas para evaluar su estado”, pero que ha “eludido” esa responsabilidad hasta que, a petición de la Xunta, abrió una de ellas parcialmente, lo que provocó su rotura.

Además, la reunión derivó en un nuevo desencuentro: el Concello invitó a abandonar la sala al gerente del Consorcio do Louro, que integra a los municipios de Mos, O Porriño, Salceda y Tui, también abastecidos por Eiras. Para la Xunta, su presencia era “fundamental” dada la afectación para esos ayuntamientos.

La propuesta: un "bypass" de emergencia

En este marco, Augas de Galicia plantea crear un “bypass” provisional para garantizar el suministro mientras se acomete la sustitución de las dos válvulas dañadas. El coste total de la actuación asciende a unos 2 millones de euros, muy lejos de la propuesta de Aqualia, que calculaba 50.000 euros por válvula.

Desde el organismo autonómico insisten en que esta obra de emergencia deberá ser sufragada “por los vigueses y por el conjunto de los gallegos” porque no se pudo planificar con tiempo debido a la falta de comunicación del Ayuntamiento sobre los daños.

El concejal de Fomento y Servicios de Vigo, Javier Pardo, sin embargo, ofrece su propia versión: la Xunta fue quien detectó los fallos en abril, pero no trasladó la urgencia hasta siete meses después. Bajo este prisma, denunciaba la “negligencia importantísima” y la “inoperancia intolerable” del Gobierno gallego y reiteraba que Aqualia “siempre comunicó cualquier incidencia”.

Aunque el Ayuntamiento acepta el “bypass”, sostiene que la Xunta no aportó plazos ni detalles técnicos suficientes. Asegura además que Vigo podría aguantar 36 horas de corte de suministro para acometer la reparación sin comprometer su propio abastecimiento, y subraya que la medida beneficia sobre todo a los municipios del Consorcio do Louro.