Las víctimas del Alvia exigen al Estado una nueva investigación que no culpe sólo al maquinista

Las víctimas del trágico accidente del tren Alvia en Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013, vuelven a alzar la voz para exigir al Estado español que asuma su responsabilidad en lo ocurrido. A pesar del tiempo transcurrido, siguen reclamando que se lleve a cabo una nueva investigación verdaderamente independiente, que sustituya al informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo adscrito al Ministerio de Transportes, y que, según denuncian, culpa exclusivamente al maquinista y exime al resto de actores implicados.

Este miércoles, los familiares de los 80 fallecidos y los más de 140 heridos se reúnen en un acto privado e íntimo para rendir homenaje a las víctimas. Mañana jueves, a las 11 de la mañana, se celebrará un encuentro con los medios frente a la estación de ferrocarril de Santiago, en el que se leerá un comunicado y se ofrecerán declaraciones. Por primera vez, no habrá manifestación ni homenaje público en la curva de A Grandeira, el lugar exacto donde el tren descarriló al circular a más del doble de la velocidad permitida.

Cansancio, dolor y lucha

La decisión de no convocar una marcha reivindicativa ni organizar un acto público fue tomada en asamblea por la plataforma de víctimas. Algunas voces señalaron el desgaste acumulado durante más de una década de lucha judicial, institucional y mediática. El dolor que supone revivir cada año lo ocurrido, ya que el siniestro tuvo lugar la víspera del Día de Galicia, también ha pesado en esta decisión. La dispersión geográfica de los afectados, muchos de ellos residentes fuera de Santiago, ha contribuido al carácter más íntimo de este aniversario.

No obstante, la causa judicial sigue abierta. El juicio penal, que comenzó en octubre de 2022 y se prolongó durante diez meses, concluyó el 26 de julio de 2024 con la condena del ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y del maquinista, Francisco Garzón.

Ambos fueron considerados culpables de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. A día de hoy, la Audiencia Provincial de A Coruña sigue sin resolver los 108 recursos presentados contra la sentencia, y se estima que el fallo definitivo podría no llegar hasta 2026.

La batalla judicial se traslada a Estrasburgo

Mientras tanto, el foco está ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La plataforma de víctimas ha recurrido a esta instancia para que evalúe si el Estado español vulneró su derecho a un proceso justo al negarse a realizar una investigación imparcial y completa sobre el siniestro.

En concreto, la denuncia presentada en julio de 2021 cuestiona la validez del informe de la CIAF, al considerar que no se dio audiencia a las víctimas ni se atendieron las observaciones de la Agencia Ferroviaria Europea y la Comisión Europea, que ya habían alertado de importantes carencias en el informe español.

En febrero de este año, la secretaría del Tribunal Europeo informó a la asociación de víctimas que el caso "será sometido a examen tan pronto como sea posible" y aseguró que se dará prioridad al estudio de la demanda, lo que ha sido recibido como un rayo de esperanza por las familias. Según datos del Consejo General de la Abogacía Española, el TEDH admite menos del 5 % de las demandas que recibe, por lo que su admisión preliminar ya representa un hito significativo.

Exigencia de responsabilidad política

La petición de una nueva investigación no es únicamente una cuestión técnica: es también política. Desde el principio, las víctimas han denunciado la falta de voluntad del Estado para asumir su responsabilidad institucional. La desconexión del sistema de seguridad ERTMS, el diseño de la línea y la ausencia de medidas preventivas han sido señaladas como posibles factores que contribuyeron a la tragedia.

La CIAF se ha negado en reiteradas ocasiones a reabrir el caso, aunque sí incluyó recomendaciones para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente. Pero para la plataforma de víctimas, es imprescindible que se reconozca el papel del Estado y se repare el daño causado, no solo desde el punto de vista judicial, sino también moral y social.

Doce años después, el duelo sigue, pero ha cambiado de forma. Ya no habrá pancartas ni marchas, pero persiste una demanda casi eterna: que el Estado asuma parte de responsabilidad en una de las mayores tragedias ferroviarias de Europa.