Más abortos como herencia

En este tiempo de cambio político en el que nos encontramos, marcado por la honda crisis económica, se cometería un grave error si no se atendiera con la intensidad que merecen asuntos de otro orden moral, pero de una trascendencia decisiva para una sociedad, como son las interrupciones voluntarias del embarazo. El abortismo radical que ha impregnado las actuaciones de la Administración socialista es uno de los legados más perniciosos en la nueva etapa que se abre por lo que supone de conculcación del derecho a la vida y de alimento para el relativismo moral que padece la sociedad actual. La nueva ley del aborto, que lo convirtió en un derecho, y la dispensación sin receta médica de la píldora del día después fueron justificados como parte de una política preventiva y de sensibilización para reducir el número de abortos. En realidad, ya advertimos en su momento de que la consecuencia sería justamente la contraria porque la ley favorecía la interrupción del embarazo en cuanto facilitaba el aborto y lo elevaba a categoría de derecho. Los recientes datos oficiales del Ministerio de Sanidad relativos a 2010 así lo han confirmado. El número de abortos en ese año aumentó un 1,3% con respecto al pasado año, hasta los 113.031, pese a que la nueva regulación entró en vigor en julio de ese ejercicio. O lo que es igual, más de 300 abortos diarios. Una realidad demoledora que al todavía Ministerio de Leire Pajín sólo le sugirió como reflexión que su «eficaz» política había logrado una «estabilización en las cifras». Los socialistas han restado valor a que España sea el principal responsable del aumento de abortos en la UE y a que seamos el quinto Estado de los 27 en número de intervenciones. Han enfocado la protección de un principio capital como el derecho a la vida del no nacido, previsto en el artículo 15 de la Constitución, de forma populista, demagógica y arbitraria y han menospreciado la profunda división que generaba una legislación de esas características. Como hemos aseverado en repetidas ocasiones, el aborto es la expresión de un fracaso, tanto individual como de la sociedad y de los gobernantes, que son incapaces de articular una política sexual y reproductiva que no ofrezca como única solución la muerte frente a la vida. Está pendiente el fallo del Tribunal Constitucional al recurso planteado por el PP contra la ley, pero los populares tienen ya tomadas decisiones inamovibles como son que las menores no puedan abortar sin permiso de los padres y que no se dé la píldora del día después sin receta médica. Sin embargo, estamos obligados a ir más allá porque existe un deber moral de restituir principios y valores fundamentales y de amparar los derechos del más débil, como la Constitución ordena, así como establecer también los programas necesarios para atender y ofrecer una salida mejor a las madres.